mayo 9, 2016

Comunidades Originarias se oponen a la megaminería en la Puna

jujuy
(Prensa ENDEPA). En respuesta a la cesión de tierras para la explotación minera otorgada por el gobierno de Jujuy a una compañía canadiense, los Pueblos Originarios de Cochinoca, Yavi, Rinconada, Santa Catalina y Atacama emitieron un comunicado crítico hacia el gobierno provincial de Gerardo Morales, quien ganó las elecciones con promesas reivindicativas hacia las Comunidades Aborígenes que viven en la Puna, “pero una vez en el gobierno, comenzó a pactar con las grandes empresas extractivistas, cediéndoles enormes porciones de tierra para la explotación minera”.

El comunicado expresa la preocupación de estas Comunidades por los “permisos de exploración y explotación a empresas mineras para trabajar en la región sin el consentimiento libre, previo e informado de sus pobladores”. El reclamo de las Comunidades es “tanto al gobierno provincial, como nacional” y está orientado a que les otorguen los títulos de propiedad de sus tierras ancestrales -que hace años vienen reclamando- para poder desarrollarse debidamente y no padecer la invasión y el asedio de los proyectos extractivistas.
“La explotación minera “produce innumerables consecuencias negativas. Promueve el desarraigo de nuestras oblaciones, la desertificación, el empobrecimiento del suelo y un uso desmesurado del agua, que es escasa en nuestra zona. La contaminación de la explotación minera es una amenaza a nuestra explotación hortícola y ganadera, que desarrollamos en total armonía con la naturaleza” señala el comunicado.
Las Comunidades cuestionan duramente la minería a gran escala y a cielo abierto. “En la Puna sufrimos la contaminación por la omisión y el descuido de los cuidados ambientales del Estado, y empresas como Metal Huasi, Pan de Azúcar, Pirquitas y Mina El Aguilar, afectan nuestros suelos y salud” advierten.
Según una reciente publicación de El Federal “con el cambio de gobierno el horizonte pareció oscurecerse para estos grupos poblacionales que viven en la soledad de la Puna, en un territorio preciado por sus recursos minerales. Al considerar a la minería como una economía regional, el gobierno nacional levantó las retenciones a la industria y significó una apertura y un llamado internacional para que las mayores empresas extractivistas vengan a invertir y dañar nuestro medio ambiente”.
Días pasados se conoció el caso de la cesión de 90.000 hectáreas de tierra a la empresa canadiense Dajin Resource para que opere en total libertad, dentro de un territorio que tiene dueño: los Pueblos Originarios Kolla y Atacama, quienes jamás fueron consultados acerca de este proyecto.
“No existe plan de remediación ambiental y humana, con graves secuelas en la salud de los habitantes. Exigimos al gobierno provincial y nacional la entrega inmediata de los títulos de propiedad a sus ocupantes ancestrales libres de proyectos que no hayan sido consensuados con nuestras asambleas. Estas tierras deben ser aptas para la vida, la agricultura familiar, el desarrollo de nuestra cultura, tradiciones y cosmovisión. De nuestra agricultura y ganadería vivimos las familias y la sociedad en su conjunto, la minería amenaza nuestras fuentes de vida y la autosubsistencia” indican desde las Comunidades.

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