mayo 29, 2015

“El anteproyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena (LPCI) representa un retroceso para los Derechos Indígenas”

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(ACODE Prensa ENDEPA). El 26 de mayo, en la sede del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), se llevó a cabo una capacitación sobre el Anteproyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena (LPCI). Participaron de la Jornada representantes de Comunidades Mbya de distintas localidades de la provincia, integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen y la Coordinadora Nacional de ENDEPA, María Josefa Ramírez.
La abogada Stella Marys Martínez- integrante de la Asesoría Jurídica de ENDEPA y de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena- brindó una charla explicativa en relación a los artículos del Anteproyecto de LPCI, y expuso una serie de observaciones críticas al respecto. Posteriormente, se abrió un debate en el cual se oyeron distintas posturas y propuestas en torno al texto analizado. Finalmente, las autoridades presentes firmaron una carta dirigida al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) – organismo promotor del Anteproyecto que el próximo mes será presentado al Poder Ejecutivo Nacional- solicitando que se habilite una instancia de información y Consulta real, abierta y participativa a los Pueblos Indígenas para la debida discusión del Anteproyecto, por fuera de los apuros electorales. Además, dejaron en claro que el denominado Consejo de Participación Indígena “no es un organismo de consulta válido”.

La necesidad de una Consulta
“El Estado está obligado a consultar a los pueblos indígenas acerca de este anteproyecto y de todo lo concerniente a sus territorios, caso contrario, este procedimiento carecerá de valor. Esa consulta tiene que ser a través de procedimientos apropiados, de buena fe, conforme a las pautas culturales de cada comunidad, no que vengan a imponer tiempos, formas y representantes. Tiene que haber información suficiente sobre el contenido del proyecto en su totalidad y un contexto apto para un análisis y discusión seria al respectó” observó la abogada Martínez.
En este sentido, Martínez explicó que si bien “no tenemos una ley de consulta, tenemos pautas claras en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración Universal de Derechos Indígenas, además de fallos de la Corte Interamericana. Estas son pautas que pueden y deben aplicarse. No es una excusa para no abrir canales de consulta real el decir que no hay una ley de consulta, porque hay parámetros internacionales que expresan incluso cómo debe ser la consulta. Además tiene que existir el consentimiento de los Pueblos Indígenas para que este anteproyecto se convierta en ley. Tiene que haber aceptación con previa información plena. Hasta ahora el procedimiento que se viene dando con el Anteproyecto de LPCI es violatorio de los derechos indígenas. Es el Estado el que con sus recursos debe garantizar la consulta”
Así mismo, la asesora jurídica de ENDEPA recordó que “también es necesaria la instancia de audiencia pública con participación de los pueblos indígenas, pero hay que tener en cuenta que la audiencia pública no es la consulta, son dos instancias diferentes.”

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Observaciones
El artículo 1 del Anteproyecto, enuncia como Objeto de la ley: “La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento destinados a instrumentar el derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena, de conformidad con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y las obligaciones establecidas por la Ley 24.071 que aprueba el Convenio Nº 169 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.
Sobre este artículo, la abogada Martínez observó que “falta nombrar la Ley 26160 y la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, porque esa declaración es la más abarcativa, la que más ha avanzado en cuanto a reconocimiento de derechos indígenas. En toda la ley no se habla de esa declaración. Existe una marcada omisión. Además no hay referencias a procesos de restitución de territorios”.
Uno de los puntos más controversiales del Anteproyecto, se encuentra en el artículo 2. El mismo enuncia: “La propiedad comunitaria indígena es un derecho real autónomo, de carácter colectivo, de fuente constitucional y cuyo régimen es de orden público”.
Sobre ello, Martínez observó que “este aspecto es realmente controversial, limita derechos sobre la propiedad indígena, y representa un retroceso en la materia, porque entiende a la propiedad indígena como un derecho real. Esta discusión ya había sido superada cuando las comunidades plantearon la inconstitucionalidad de considerar derecho real a la propiedad indígena cuando se discutió la reforma del Código Civil, por eso terminaron modificando el artículo 19 del Código, por las protestas de los pueblos indígenas. Ahora este anteproyecto insiste en considerarla un derecho real.
El artículo 2 también contiene un párrafo que expresa: “constituye el fundamento de la subsistencia de los Pueblos Indígenas, su reproducción y desarrollo social cultural, de su identidad, para su buen vivir, de manera compatible con los regímenes jurídicos de los derechos humanos y de ordenamiento territorial, medioambiental y productivo”.
Aquí, la abogada de ENDEPA señala que “es grave el agregado de la palabra productivo, porque condiciona y sujeta a las comunidades a un sinfín de posibles proyectos que pueden ser de megaminería, forestación, y otros tipos de explotación del territorio. Quieren instaurar más restricciones aún a la propiedad indígena. A la propiedad individual nunca le ponen esos condicionamientos y restricciones. “
Ese mismo artículo sostiene que: “La propiedad indígena tenderá al aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de los Pueblos y Comunidades Indígenas de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, sus usos, costumbres, prácticas, valores y conocimientos”.
Acerca de ese enunciado, Martínez manifestó que “decir que la propiedad indígena tenderá al aprovechamiento sustentable de la tierra atenta también contra el derecho indígena, porque deben ser las propias comunidades que decidan eso, ellas deben decidir con total libertad a que tenderá su territorio. Nuevamente se busca imponer limitaciones, y resulta peligroso, teniendo en cuenta la ambigua y oscura utilización que muchas veces se le da al término aprovechamiento sustentable, bajo el cual se habilitan numerosas actividades extractivistas”.
El artículo 3, enuncia: “La propiedad comunitaria indígena se corresponde con las tierras que las Comunidades tradicionalmente ocupan y sobre la que ostentan una posesión caracterizada entre otras por el uso comunitario de aguadas, zonas de agricultura, crianza de animales, sitios de asentamientos, itinerarios tradicionales de caza y recolección, cementerios y lugares sagrados, y que se encuentre relevada en el marco del Relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por la Ley Nº 26.160, la Ley Nº 26.554, 26.894 y las que se determinen en el marco del artículo 14.2 del Convenio 169 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO”.
La observación crítica que SE realizó sobre este punto es que “no se refiere a la restitución de tierras, únicamente habla de tierras que se ocupan tradicionalmente. Y que se encuentren relevadas en el marco de dicha ley. Y hay muchas que han sido relevadas mal, hay disputas por la deficiente aplicación de esa ley y esto no puede obviarse. Este anteproyecto se ve condicionado por una ley que en su ejecución tiene muchísimas falencias, eso es una clara debilidad de este anteproyecto”.
Los artículos 4, 5 y 6, condicionan el derecho indígena, según la asesora jurídica de ENDEPA, a una serie de cuestiones burocráticas, especialmente a la tenencia o no de personería jurídica. “Hay en el país comunidades que tienen dificultades para acceder a la Personería Jurídica, por distintas razones. ¿Qué pasa entonces con esas comunidades que no tienen personería jurídica? ¿Pierden su derecho a la propiedad? Es una limitación seria de este anteproyecto” indicó Martínez.
Sobre el artículo 7, que en un párrafo enuncia: “ la presente ley faculta para autorizar la ejecución de toda la obra de infraestructura social planificada por el estado nacional, provincial o municipal”, la abogada señaló que “habría que profundizar y definir claramente a qué nos referimos cuando decimos infraestructura social, ya que si esto no queda claro puede correrse el riesgo que en nombre de ese artículo los municipios, las provincias o el estado nacional ejecuten obras contrarias a los intereses de las comunidades, lo que estaría regulando la injerencia del Estado sobre las propiedades indígenas”.
Finalmente, Martínez se refirió al artículo 10, que expresa lo siguiente: “La instrumentación de la propiedad comunitaria indígena se realizará sin perjuicio de la indemnización de pudiera corresponder a los titulares registrales o poseedores de buena fe, o en el marco de los procesos expropiatorios cuando fueran procedentes, de acuerdo al procedimiento que establezca la reglamentación de la presente”.
En alusión a ese artículo, la jurista sostuvo que “este artículo habla de procesos expropiatorios, en caso que estén en manos privadas. Hoy en día no podemos hablar de expropiación sino de reconocimiento de la propiedad indígena. Porque hablar de expropiación es dar por sentado que aquellos privados son dueños a quienes hay que expropiar e indemnizar. Es otro de los puntos de este anteproyecto en que se insiste con cuestiones que ya fueron discutidas y superadas”.

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