abril 23, 2015

La participación indígena y la Ley

La Constitución Argentina, los tratados y el sistema internacional de derechos humanos, establecen que los Pueblos Indígenas tienen derecho a la “participación en la  gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten” (art. 75 inc. 17). El Estado tiene estas obligaciones:

1) Consultarlos, por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, en especial en relación a los recursos existentes en sus territorios, buscando un acuerdo, o  consentimiento, libre e informado.

2) Crear formas participativas permanentes de los Pueblos Indígenas en instituciones electivas y organismos responsables de políticas y programas que les conciernan. Como dice la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) “los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener su autonomía, formas de vida, organizaciones, culturas y espacio territorial. Para que  se respeten estos derechos, deben establecerse formas institucionales permanentes de participación y consulta, de modo que ningún organismo del Estado tome decisiones unilaterales en cuestiones que los afecten”.

Así está determinado el derecho a la participación indígena en los órganos internacionales que aplican los tratados ratificados por Argentina, algunos con jerarquía constitucional.

la participación indígena

El Convenio 169 de la OIT se refiere a la obligación estatal con los Pueblos Indígenas: “el establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta y participación de los pueblos indígenas y tribales en relación con las cuestiones que les conciernen es la piedra angular del Convenio, aunque sigue siendo uno de los principales desafíos que plantea su aplicación algunos países. Debido a los grandes retos a los  que tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la propiedad de la tierra, salud, educación, y el aumento de la explotación de los recursos naturales, su participación en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo”.

La Constitución y los tratados deben aplicarse por los tribunales y organismos estatales aún cuando no existan leyes o reglamentos específicos, son obligaciones vigentes que deben respetarse. La Corte Suprema de Justicia  lo resolvió al anular decretos y resoluciones provinciales que afectaban directamente intereses indígenas, dictados sin su participación. Esto no lo comprenden los funcionarios públicos, que no suelen aceptar tales limitaciones, a veces el racismo los hace creer que los indígenas son ‘ignorantes’.

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