mayo 14, 2015

Piden quince años de prisión para integrantes de comunidad Winkul Newen

mapuches

(Fuente La Izquierda diario). Autoridades de la comunidad mapuche Winkul Newen, junto al Frente de Izquierda, denunciaron ayer en la Legislatura de Neuquén el pedido de la Justicia provincial de quince años de prisión para las autoridades de esa comunidad. Las acusan de “tentativa de homicidio” por herir con una piedra a una oficial de justicia durante la resistencia al desalojo de su territorio. El 22 de junio comienza el juicio.

El 28 de diciembre de 2012, integrantes del lof Winkul Newen resistían el intento de desalojo de sus territorios, ubicados cerca de la localidad de Zapala, por parte de la Policía, que incluyó el uso de topadoras. En medio del desalojo, una oficial de justicia resultó herida por una piedra, hecho que fue aprovechado por la Justicia para imputar a las autoridades de la comunidad mapuche. El 22 de octubre del año pasado, la fiscal Sandra González Taboada imputó a Relmu Ñamku por “homicidio agravado en grado de tentativa y daño agravado” y a Martín Maliqueo por “daño agravado”. Esta misma fiscal es la que dejó “dormir” durante más de ocho años la causa que investigaba la desaparición del joven Sergio Ávalos, y fue bajo su cargo que habrían desaparecido pruebas fundamentales de la investigación.

Ayer por la mañana, integrantes de la comunidad mapuche, junto a la banca del Frente de Izquierda, denunciaron esta situación y el intento de llevar a los imputados a un juicio con “jurado popular”, reservado para los “casos graves” que ameriten altas penas, según el nuevo Código Procesal Penal de Neuquén. Acompañaron a Relmu Ñamku y otros integrantes de la comunidad, la diputada del FIT Gabriela Suppicich del PO, el diputado electo Raúl Godoy del PTS, la diputada electa Angélica Lagunas de IS, Natalia Hormazábal del CeProDH, María Elena Caucoz de la Asociación Zainuco, Alejandro Avilés, Secretario General de ATEN Zapala, entre otras organizaciones.

En la conferencia de prensa denunciaron este nuevo intento de criminalización de la protesta social, que significa un salto al imputar por “tentativa de homicidio” a referentes de una comunidad mapuche, cuando una trabajadora judicial resultó herida, mientras a los policías del gatillo fácil, como los casos de Brian Hernández y Matías Casas, se les bajan las penas cuando asesinaron jóvenes con sus armas reglamentarias. Por ello exigieron que se anule esta causa armada y se termine con la persecución al pueblo mapuche.

Raúl Godoy, diputado electo del Frente de Izquierda y dirigente del PTS, exigió “el sobreseimiento de los imputados, el cese de la criminalización de la protesta social, y la defensa del territorio y del pueblo mapuche”. Por su parte, Relmú Ñamku denunció que “el inicio del juicio el próximo 22 de junio muestra el desprecio más absoluto por nuestra cultura, siendo el inicio del año nuevo mapuche el 21 de ese mismo mes”.

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