El 14 de junio de 2016, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborada con una importante participación de los mismos.
Dicha norma surge, como lo expresa su preámbulo, debido a la preocupación por el hecho de que los Pueblos Indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses.
Esta Declaración es una valiosa contribución al desarrollo de estándares internacionales adoptados con miras a proteger y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, teniendo en cuenta su significativo aporte para la humanidad y el planeta todo.
La pluralidad étnica y cultural con que contribuye la presencia de los Pueblos Indígenas en el continente enriquece enormemente a las sociedades.
La Declaración reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos esenciales de las Comunidades Indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, teniendo en cuenta sus tradiciones espirituales, su historia, su filosofía de vida y especialmente los derechos a la autodeterminación, a la preservación de su cultura e idioma, a los territorios y sus recursos, a la participación en todas las decisiones que los afectan y a la no discriminación.
Este documento se complementa, para una mejor interpretación, con la lectura de otros instrumentos legales internacionales, tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y tribales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, y los tratados especializados del sistema interamericano y universal de Derechos Humanos.
Los Estados deben ser promotores y garantes de derechos, están obligados a respetarlos y a cumplir eficazmente todas sus responsabilidades también para con los Pueblos Indígenas.
