junio 24, 2020

Adhesiones de organizaciones y universidades ante el ataque y discriminación sufrido por la Comunidad Guaraní Ka’a Kupe

Instituciones sociales, educativas, investigadores y docentes manifiestan en una nota formal a las autoridades del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones y a otros organismos, tanto provinciales como nacionales, su preocupación por la situación de denegación de justicia que afecta el territorio ancestral que comparten las Comunidades Ka’a Kupe, Ko’ê Ju, e Yvy Chî en la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones.

En el territorio, de 5.600 hectáreas, la empresa CARBA S.A. desarrolla actividades forestales sin tener en cuenta los derechos Indígenas y el reconocimiento de posesión ancestral que especifica la ley 26.160, legislación que indica que cualquier decisión, obra y/o proyecto en el territorio están obligados a ser consultadas por el Estado según los obliga el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional.

“Una serie de irregularidades procesales incomprensibles, como por ejemplo que la jueza del caso, sin resolver la medida de no innovar requerida como previa a todo trámite, ordenara las notificaciones al Estado, Fiscalía y pidiera informes al Ministerio del Agro que no es competente en el caso, además cuestionó la legitimidad del poder otorgado por la Comunidad Ka’a Kupe a su abogada por no referir en el mismo el número de personería de la Comunidad pese a que había sido realizado ante escribano público.

Luego, ordena resolver la cautelar y una semana después solicita que previo a resolverla se haga una constatación judicial por Juez de Paz, quien debía requerir a la empresa si tenía autorización. La cual, como ha sido dicho, fue objetada por la Comunidad porque no estaba firme y por tanto, no podía ejecutarse”, exponen y agregan, “en el mes de mayo, durante el aislamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19, se hacen presente en la aldea Ka’a Kupe terceras personas en el lugar donde se realizaba el apeo, presuntamente trabajadores de la empresa quienes amenazaron a los miembros de la comunidad con armas de fuego, obligándolos a hacer la denuncia policial, la que tampoco fue atendida. Los Mbya Guaraní se hallaban en el lugar intentando evitar el corte de los árboles. Y el 28 de mayo el Juez de Paz constata que se sigue realizando la deforestación”.

“Nos preocupa que el Estado provincial no respete sus obligaciones y en consecuencia haya violado los derechos de la Comunidad. Es doblemente alarmante esta situación de denegación de justicia porque en este año 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado un fallo condenatorio del Estado argentino por la violación de los derechos indígenas en el caso 12.094 Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat contra Argentina”, señalan en el escrito.

“La falta de acceso a la justicia de los Pueblos Originarios se verifica no sólo en las dificultades que implica la realización de trámites, la falta de abogados que los representen, la distancia de los tribunales, la incomunicación por uso de idiomas diferentes, sino sobre todo, en la desatención de las denuncias presentadas por las víctimas, la desidia de los juzgados en cuanto a los procedimientos, en definitiva el desconocimiento de su estatus de pueblos preexistentes”, manifiestan.

El documento completo:

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Joselo Riedel

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