agosto 3, 2021

Advertencia del INAI ante la orden judicial de desalojo a Comunidades Originarias en Salta

El pasado 19 de julio, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizó un pedido de informes al juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, sobre la situación de dos Comunidades Originarias en la localidad de Profesor Salvador Mazza. A la vez reiteró la vigencia de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que establece expresamente, entre otros puntos, la suspensión de desalojos a Comunidades Indígenas.

Esto ante la orden de desalojar a las Comunidades Lapacho y Tierra Nueva, ambas pertenecientes al Pueblo Tupí Guaraní, las que desde hace varios días se encuentran con custodia policial y reciben reiteradas amenazas de desalojo.

La nota fue enviada por el director de Asuntos Jurídicos del organismo nacional, Julián Fernández, a raíz de la decisión judicial que involucra un terreno que reclama María Juana Gialia como propio.

Según consigna Página 12, “el intento de desalojo empezó el 9 de julio pasado, día que era feriado. Los policías ingresaron a las tierras que ocupan las Comunidades y empezaron a desarmar las casitas más precarias. Otras, realizadas con pallets, no pudieron ser desarmadas. El operativo se llevó adelante sin dar intervención a ningún referente de la Asesoría de Menores e Incapaces, pese a que en ese lugar viven niños, niñas y adolescentes”.

Fernández, en su nota, hace mención que las Comunidades no recibieron notificación alguna de la causa iniciada, “manifiestan que no han sido notificados previamente, cuestión que le ha imposibilitado ejercer una adecuada y efectiva defensa. En el mismo sentido, no han podido tomar vista de las actuaciones judiciales, incluso con presentaciones efectuadas mediante patrocinio letrado”, indica.

Además, advirtió al juez: “Es menester poner a su conocimiento que las personas imputadas en autos y sus grupos familiares son miembros de la comunidad indígena del pueblo Tupí Guaraní cuya inscripción ha sido dispuesta por Expediente N° 54 – 9525/07, Resolución Nº 12 del 10 de enero de 2008, ante Inspección General de Justicia de la Provincia de Salta”.

“Asimismo, como es de su conocimiento rige en el caso lo prescripto en la Ley Nacional Nº 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas – Re.Na.C.I. – u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de cuatro años, luego prorrogada por las leyes 26.554; 26.894 y la última mediante Ley Nacional Nº 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021”, recalcó el funcionario, solicitando que se analice la aplicación de los Derechos Indígenas reconocidos

Fernández también solicitó información sobre “si en el procedimiento llevado a cabo (…) el personal policial a cargo del mismo, cumplió con los recaudos prescriptos en el art. 103 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, a la Defensora de Menores e Incapaces del Ministerio Público”, poniendo especial mención que “en las familias de la comunidad indígena desalojada se hallan niños y personas con discapacidades, situación que el letrado defensor advierte en su escrito presentado en su despacho luego de notificarse su resolución a la comunidad, previo al desahucio”.

Por último, el letrado solicitó que “se arbitren los medios y mecanismos necesarios para un Acceso irrestricto al acceso de justicia, con el debido tiempo para el ejercicio del derecho de defensa y que sea culturalmente adecuada”.

Sobre la Ley 26160

En el año 2006, en respuesta a la preocupación de las Comunidades Indígenas que veían cada vez más amenazados sus territorios, se sanciona la Ley Nacional N° 26.160 de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena, sumado esto a la presión ejercida sobre el gobierno nacional por el Convenio 169 de la OIT.

Esta ley garantiza, por el tiempo de su vigencia, la suspensión de los desalojos a Comunidades Originarias y demanda la realización de un relevamiento técnico jurídico y catastral de todos los territorios Indígenas. ENDEPA  ha denunciado en reiteradas oportunidades el notorio nivel de inejecución del relevamiento previsto y la falta de cumplimiento por parte de las autoridades judiciales, salvo excepciones.

En los últimos años se advirtió crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos ocasionando innumerables daños materiales, morales y comunitarios, incluso muertes -como la de Roberto López, que enlutó a la Comunidad Qom Potae Napocna Nawago, La Primavera, en Formosa el 23 de noviembre de 2010 o el asesinato de Josué Lago, un joven Qom de 23 años que recibió un disparo el pasado mes de junio, en el barrio Los Silos de General San Martín, Chaco, en un hecho de gatillo fácil- por nombrar solamente dos.  Muchos de estos incidentes podrían haberse evitado si se hubiera cumplido con el mandato legal.

Este panorama ha llevado a la necesidad de prorrogar la ley en sucesivas ocasiones, encontrándose actualmente vigente hasta el 23 de noviembre de 2021. Las Comunidades se están organizando para lograr una nueva prórroga, por el aún alto nivel de incumplimiento.

Asombra que la discriminación en los estrados judiciales sea tan evidente en la parcialidad de las resoluciones de algunos de sus miembros.

 

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Cintia Gimenez

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