Comunidades Kolla, junto a vecinos autoconvocados de Abra Pampa y alrededores, se reunieron el 6 de agosto con autoridades del gobierno de Jujuy y del proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Jujuy (GIRSU S.E.), manifestando su absoluto rechazo al denominado Proyecto Ambiental Puna y Quebrada, que realizaría una planta de tratamiento de residuos, proyecto que se lleva adelante sin consulta ni licencia social.
El 25 de julio, presidentes de centros vecinales fueron notificados, vía virtual, de una reunión a concretarse el 29 del mismo mes, con la empresa adjudicada, con el objeto de “comunicar sobre la aplicación del Plan GIRSU Provincial y el Centro Ambiental Puna como nodo del sistema”.
El 27 de julio empezó a circular la noticia, en un diario digital local, de que se realizaría una audiencia pública convocada por la Secretaría de Calidad Ambiental, a desarrollarse de acuerdo con la Ley N° 5317 de “Audiencias Públicas”, el día 12 de agosto de 2022 a las 11:00 horas, con el fin de dar tratamiento al proyecto “Centro Ambiental Puna – Abra Pampa”, propuesto por GIRSU JUJUY S.E., el cual se encuentra sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
En tanto, el 6 de agosto, ante la preocupación de los vecinos autoconvocados, se presentaron a una conferencia de prensa la Arq. Susana Amador, Secretaria Provincial de Ordenamiento Ambiental Territorial del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y coordinadora de la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU; Mónica Aramayo, responsable de Operación del Centro Ambiental Jujuy; además de otros representantes del programa. También se hicieron presentes en la asamblea del Consejo Departamental de Comunidades del Departamento de Cochinoca, del Pueblo Kolla.
En ambas instancias vecinos y Comunidades manifestaron su resistencia al proyecto por la carencia de información y por los tiempos con los cuales se maneja el Estado, ya que fijan una audiencia pública para el 12 de agosto y no se cuenta con la realización de la Consulta Libre, Previa e Informada que indica el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina.
En una Carta Abierta al gobierno y responsables directos de la imposición del proyecto, las Comunidades y vecinos manifestaron que “se está violando el derecho a la Consulta” y muestran “preocupación ya que nuevamente somos el centro de contaminación”.
“Damos cuenta de la situación ambiental actual que estamos atravesando, y nos dirigimos al gobierno de la provincia de Jujuy, legisladores provinciales, ministerio de medio ambiente, gobierno municipal, Consejo Deliberante de la ciudad de Abra Pampa, a organismos de DDHH, de Medio Ambiente, y a la comunidad toda con el fin de expresar nuestra preocupación por el peligro que representa la próxima instalación del proyecto que va ser ubicado en nuestra localidad”, expresan.
“Para hacer un poco de memoria, recordar que allá por 1950 se asentaba en nuestra Abra Pampa una gran Empresa de Fundición, Metal Huasi, llegó por autorización y legitimación del gobierno de turno. Dicha fundidora recibía minerales de las empresas Mina Pirquitas, Pan de azúcar, el Aguilar, y de minas de Bolivia. Dejando una contaminación que al día de la fecha no se ha subsanado, la remediación prometida no fue tal, y el control del mismo tampoco, las promesas vanas de los gobiernos de turnos se repiten hasta hoy”, reseñaron.
Asimismo, indicaron que “es evidente la vulneración de nuestros derechos como ciudadanos y como Comunidades Kolla, no se está dando cumplimiento al consentimiento libre, previo e informado. No podemos decir que tenemos una acabada información con una sola reunión. Tampoco pueden pretender que el ciudadano común lea el expediente e informe de impacto ambiental y haga una devolución técnica al respecto, pues se solicita que sea presentado por escrito previo a la audiencia pública. No están respetando los tiempos para una información clara y veraz, que un ciudadano común lo entienda. Tanto en la única reunión como en los medios de comunicación en donde se presentaron autoridades hay contradicciones, no hay una información certera”.
Y prosiguen, “por lo que exigimos se respeten y garanticen nuestros derechos a un ambiente sano y libre de contaminación, a una información detallada con profesionales imparciales propuestos por la misma población. Principalmente exigimos que se suspenda la audiencia pública programada para el 12 de agosto del corriente año por las fundamentos antes mencionados”.
“Somos conscientes de que es necesario el tratamiento de la basura que hoy se produce en Abra Pampa, aplicando la tecnología de avanzada para convertir la misma en algo útil y evitar la contaminación. Pero este proyecto prevé traer la basura de toda la Puna y de la Quebrada, desconociendo si a largo plazo va venir basura de otros lugares, convirtiendo a Abra Pampa en un centro basural del que no sabemos cuáles serán las consecuencias a futuro, que a simple parecer son de mucho peligro”, señalan con preocupación. “Nuestro pueblo ya tiene experiencias con Metal Huasi, el caso de la planta de tratamientos cloacales que están contaminando la cuenca del río Miraflores con gran perjuicio para los ganaderos de la zona y extendiéndose hacia Salinas Grandes”, apuntan.
“Actualmente el pueblo de Abra Pampa ha significado un puente para el Gobierno Provincial en cuanto a salud y educación, ya que en reiteradas oportunidades se ha solicitado un hospital de alta complejidad debido a la población que abarca, sin embargo no hemos tenido respuesta, y para cuestiones como traer basura sí estamos presentes en su agenda”, denuncian.
“En el mes de la Pachamama de que tanto hablan los que ejercen el gobierno y quienes son representantes del pueblo, como asimismo a las instituciones correspondientes de velar por los derechos de la Madre Tierra y de sus habitantes, y en este caso específico por la capital de la Puna, exigimos el plazo prudencial para tratar esta temática ambiental que nos afecta a todos como ciudadanos, se convoque a varias audiencias y se haga una consulta popular vinculante, (sabiendo que hasta el día de hoy no existe licencia social para llevar a delante tal proyecto)”, especifican.
Las Comunidades solicitan que se respeten los derechos de todos, a la salud de toda la población y que no sean nuevamente un foco de contaminación ambiental. El consentimiento previo, libre e informado es una obligación que el Estado provincial no puede pasar por alto. La Constitución Nacional es clara en su art. 75, inc. 17 cuando dice “…Asegurar su participación en la gestión referida sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”, las autoridades suelen olvidarse de leer este inciso en su totalidad y se quedan en la preexistencia.
Como bien dicen las Comunidades, es imprescindible buscar una solución acordada para los residuos domiciliarios, los que tienen muchas cosas que dar antes de convertirse en basura. La solución no pasa por hacer grandes centros de concentración de esos residuos sino en hacer plantas de tratamientos locales, en la que cada población se haga cargo de los suyos. A veces este no es el recurso económicamente más rentable, pero suele ser el más justo.
