octubre 10, 2021

De pancartas y consignas: acompañar las luchas desde la calle

Cecilia Benedetti es doctora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Ciencias Antropológicas. Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, con lugar de trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas – Facultad de Filosofía y Letras – UBA. Es profesora adjunta en la Carrera de Ciencias Antropológicas y en la maestría en antropología. Sus investigaciones se centran en patrimonio, Pueblos Originarios, desarrollo, artesanías, turismo y políticas indigenistas. Es Editora Adjunta de la Revista Cuadernos de Antropología Social, de la Sección de Antropología Social de la UBA.

La antropóloga Cecilia Benedetti viene desarrollando, desde hace varios años, proyectos orientados a los Pueblos Originarios en Argentina. En el año 2017, en el marco de la campaña por la prórroga de la Ley 26160, acompañó acciones que la posibilitaron.

Comenta acerca de lo que significó salir al espacio público a luchar por esta causa y sobre los alcances de los trabajos realizados, también presenta un panorama de la situación territorial de los Pueblos Indígenas en el contexto de la Ley 26160.

 

– ¿Cuál es el trabajo que desarrolló, en su momento, con el fin de posibilitar el relevamiento de Comunidades Originarias?

Empecé a involucrarme con las acciones que tenían que ver con la prórroga de la Ley 26160 en el 2017, a partir de un acampe que se realizó en el mes de febrero, y que duró prácticamente todo el mes de marzo, en la ciudad de Buenos Aires, llevado adelante por integrantes de diferentes Pueblos que habitan en el Departamento General San Martín, provincia de Salta.

El grupo se denominaba “Siete Etnias”, y al principio una de las ideas que tenían era no presentarse como Comunidades sino como Pueblos, por eso justamente habían elegido este nombre.  Planteaban diferentes reivindicaciones, de todo tipo, relacionadas con trabajo, salud, educación y demás proyectos de desarrollo. Una de las más relevantes se vinculaba con problemas territoriales que tenían las Comunidades, conflictos específicos que no se resolvían y una de sus demandas principales tenía que ver con la prórroga de la ley 26160.

Me relacioné con el grupo, los acompañé durante el tiempo que estuvieron en Buenos Aires, recorrimos ministerios y otros organismos; tuvimos muchas reuniones con quien era entonces presidente del INAI y también con otras autoridades.

El espacio público como ámbito de visibilización en Tartagal, Salta, por la prórroga de la Ley 26160 en 2017 Foto: Gentileza Cecilia Benedetti

 

– ¿Cómo se llevaron adelante las articulaciones a fin de ampliar y visibilizar la problemática territorial de los Pueblos Indígenas?

A partir de este acampe se realizó, en abril de 2017, una reunión en la Cámara de Diputados llamada por Victoria Donda, de la que también participaron diputados y diputadas de otras líneas políticas, donde comenzaron a plantearse diferentes problemáticas que afectaban a las Comunidades Indígenas y, entre ellas, se abordó la prórroga de la ley 26160.

Posteriormente, para septiembre aproximadamente, cerca de la fecha de vencimiento de la ley, la cuestión Indígena había adquirido visibilidad a partir del caso de Santiago Maldonado, donde lo que se veía era una estigmatización muy fuerte del Pueblo Mapuche y se planteaba esto de la RAM como una organización terrorista.

Empezamos a ver que, públicamente, se empezaban a plantear ciertos discursos para que no se prorrogue la ley, cuestión que era bastante posible conociendo la línea política que tenía el gobierno. Recuerdo, como un punto de inflexión, una carta que vi en Change.org redactada desde ese lado; era gente de Tucumán, relacionada con la industria agropecuaria, solicitando que no se prorrogara la Ley ya que estas demandas eran ilegítimas porque las Comunidades eran “truchas”, por decirlo de alguna manera.

A partir de eso, con Carolina Crespo, con quién trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, convocamos a una reunión a diferentes investigadores, investigadoras del Instituto que trabajan sobre Pueblos Indígenas, para ver qué se podía hacer al respecto, porque era un momento de mucha preocupación.

Participaron muchos equipos del Instituto y nos empezamos organizar para encarar acciones que visibilicen la temática. Una de las primeras tareas que hicimos fue ampliar y difundir la convocatoria que estaba impulsando la entonces senadora Magdalena Odarda para mandar cartas al Senado pidiendo la prórroga. Empezamos a hacer una visibilización muy fuerte de la necesidad de la prorrogar la ley, pidiendo a la gente que envíe estas cartas. La respuesta fue muy grande, fue sorprendente.

Comunidades Originarias viajaron a Buenos Aires para manifestar sus reclamos. Foto: Gentileza Cecilia Benedetti

Luego nos empezamos a vincular con organizaciones como ENDEPA, tuvimos reuniones con legisladores, armamos otras acciones, estuvimos en la puerta del Congreso acompañando a distintos Pueblos Originarios que viajaron a Buenos Aires también para pedir la prórroga. Trabajamos mucho para visibilizar la problemática y para marcar la necesidad de prorrogar la ley en el contexto de la precaria situación territorial de los Pueblos Originarios.

 

– ¿Por qué considera que es importante una nueva prórroga de la Ley 26160 en Argentina?

Fue fundamental lograr la prórroga de la Ley, sobre todo porque había un avance muy fuerte de diferentes sectores oponiéndose, porque tenían, y tienen, intereses en los territorios indígenas. Actualmente considero que la cuestión territorial continúa siendo muy precaria por diferentes motivos.

Es importante una nueva prórroga porque la ley 26160 constituye una herramienta que tienen las Comunidades frente a los atropellos de sus territorios, si bien no impide que muchas veces las Comunidades atraviesen intentos de desalojo, su existencia y apelación permite frenar estas acciones, entonces creo que con todas las fallas y críticas que se le puedan hacer a la ley, constituye un instrumento válido.

En ese sentido creo que no debería pensarse como una ley de emergencia o como un relevamiento que empieza y en un momento va a terminar, sino que tendría que convertirse en una ley permanente, porque las Comunidades son dinámicas, se van transformando a través del tiempo. La idea de Comunidad como un conjunto fijo, que no cambia y que no se transforma -perspectiva más esencialista- ya ha sido ampliamente discutida y criticada en la antropología. Me parece que el relevamiento tendría que volverse un instrumento permanente, además, la ley como una herramienta a largo plazo tendría que revisarse: por un lado cómo ha funcionado hasta ahora, en qué le ha servido a las Comunidades, cómo se han apropiado de ella, cuáles son los límites y las fallas, y por otro lado, para salir de estas miradas esencialistas sobre las identidades de los Pueblos Originarios, me parece que la ley debería repensarse conceptualmente, reformularse con la participación de las Comunidades, es central que el movimiento indígena participe en estos procesos, permitiría que la Ley pueda nutrirse de las concepciones y de las de las formas de ver el mundo de los Pueblo Originarios.

Acampes en el marco de la campaña por la prórroga en 2017. Foto: Gentileza Cecilia Benedetti

– ¿Cuáles son los motivos por los que no se cumple como debiera con la realización de los relevamientos territoriales ordenados por esta ley?

Hablo desde mi experiencia en investigación y a partir de la provincia que más conozco, que es Salta. La ley 26160 en estos años ha avanzado muy lentamente por diversos motivos; el financiamiento es fundamental, el hecho de esperar a que bajen los fondos demora, atrasa y obstaculiza. Toda la política indigenista en Argentina debería estar más apoyada desde lo económico, eso es central para mejorar la situación territorial de los Pueblos Originarios.

Hay dificultades institucionales que se plantean en forma distinta en cada provincia, porque cada una se relaciona de modo diferente con la Nación y ha establecido acuerdos diversos para llevar adelante el relevamiento; siempre implican mecanismos y articulaciones con cada institución -como el INAI y, en el caso de Salta, el Equipo Técnico Operativo-, que no son fáciles. En estos tránsitos las carpetas técnicas se van demorando.

Lamentablemente, en estos años se ha avanzado poco en lograr una dinámica más ágil con relación al tema; en ese sentido, además, se vincula con las transformaciones que va sufriendo la institucionalidad indígena a lo largo de los años.

En el caso de Salta, primero había una secretaría de Pueblos Originarios, después pasó a ministerio, luego volvió a ser secretaría, también existe el Instituto de Pueblos Indígenas de Salta, que tampoco ha logrado fortalecerse en la dinámica institucional provincial. Entonces, muchas veces la ineficiencia no tiene que ver con cuestiones específicas en relación con el cumplimiento de la ley, pero este entramado complejo en torno a la temática Indígena lleva a que nunca termine de afianzarse y fortalecerse, por lo tanto -directa o indirectamente- afecta a las posibilidades del avance del relevamiento.

Una cuestión que también me parece importante y que en estos años tampoco se llegó a transformar son las dificultades de comprensión del lenguaje jurídico entre las categorías y las formas de vida de las Comunidades Indígenas. Muchas veces es difícil traducir, adaptar o articular estas categorías y procedimientos jurídicos con la visión del mundo de las Comunidades, eso también dificulta el avance.

 

– Más allá de la prórroga, ¿Cuál o cuáles serían las soluciones de fondo para que las Comunidades puedan estar tranquilas y disponer de sus territorios?

La existencia de una Ley que ordene el Relevamiento Territorial ni reemplaza, ni debería lentificar, una ley de Propiedad Comunitaria. Es central y fundamental avanzar hacia una Ley de Propiedad Comunitaria y hacerla efectiva para los Pueblos Originarios y su diversidad de formas de vida.

El avance en cuestiones territoriales de fondo no puede ser visto desvinculado de otras problemáticas que atraviesan a las Comunidades, como acceso a la salud, a las viviendas, a la posibilidad de seguir desarrollando sus prácticas culturales. Con relación a esto me parece central contemplar las políticas laborales: la propiedad comunitaria de los territorios debe ser el piso, no el techo. Para que las Comunidades puedan estar tranquilas y puedan disponer de sus territorios es importante abordar este tema en forma articulada con otras realidades.

Una cuestión importante para pensar el futuro de los Pueblos Originarios, es que el movimiento Indígena pueda estar articulado con otros movimientos sociales y populares. Si bien muchas veces las demandas de los Pueblos Indígenas son específicas, estas diferencias tampoco impiden que se puedan plantear articulaciones y estrategias en común, que le va a dar fuerza a las causas Indígenas y también va enriquecer a otros movimientos.

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Cintia Gimenez

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