febrero 6, 2021

Denuncian sistemática violencia contra Comunidades Indígenas de Jujuy

Sobre la Comunidad Indígena Las Capillas, del Pueblo Ocloya, pesa una orden de desalojo efectuada por el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, a pesar de tener el debido relevamiento territorial y personería jurídica. La situación muestra el desinterés del sistema judicial provincial por el cumplimiento de la Ley 26.160, que reconoce el territorio que tradicionalmente ocupan los Pueblos Originarios e impide sus desalojos.

El fallo judicial es a favor de la minera Piuquenes S.A., empresa que pretende explotar uranio en esa zona. No obstante, el Pueblo Ocloya reafirma la posesión de su territorio como habitante preexistente a la provincia y al país.

Néstor Jerez, cacique del Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO) comenta, “desde el año 2014 la minera viene intentando despojar a la Comunidad con diferentes denuncias, como ha sido en este último caso, en 2019, a través de presentaciones donde nos tratan de usurpadores, ignorando que somos poseedores ancestrales. A partir de ese suceso también hemos hecho la presentación de quejas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo que se han agotado las instancias”.

En relación a las acciones que vienen llevando adelante indica, “ante esta situación nos hemos convocado en asamblea abierta, en conjunto con diferentes organizaciones Indígenas, el pasado 23 de diciembre, donde acordamos puntos de trabajo y la visita a los tres poderes del Estado en Jujuy, a fines del año pasado. También surgió una nueva convocatoria a asamblea abierta el 23 de enero, a la que invitamos a diferentes organismos provinciales y nacionales para conformar el equipo de prevención e intervención de conflictos y en la que hemos decidido rechazar el despojo a la Comunidad y solicitar la aplicación plena y efectiva de la Ley 26160”, y agrega, “uno de los puntos en los que decidimos avanzar es en solicitar audiencia al fiscal general del Ministerio Público”.

En relación al nuevo contexto en que se encuentran, expresa “el desarrollo comunitario es limitado por los atropellos permanentes, amenazas y atentados que padecemos día a día los miembros de las Comunidades. Tenemos ya varios casos denunciados, entendemos que acá estamos discutiendo intereses y el objetivo es despojar a la Comunidad para avanzar con el uso y la extracción de los bienes naturales”.

“Tenemos mucha expectativa, porque nos estamos organizando en un marco de interculturalidad, y mediante esto esperamos poder hacer que, realmente, la justicia aplique los derechos vigentes de los Pueblos Indígenas. Se va a lograr en la medida en que la mayoría entendamos que existen las herramientas jurídicas, simplemente falta la voluntad política”, asegura Jerez.

“Estamos convencidos de la importancia que es para los Pueblos Indígenas el territorio, no solamente por lo material sino que tiene que ver con lo espiritual, lo cultural y que convivimos en armonía con nuestra Madre Tierra y desde ahí entendemos también que ahora estamos preparándonos para impulsar en el Congreso de la Nación la prórroga de la Ley 26.160”, finaliza el cacique.

En términos jurídicos se había iniciado una denuncia penal en contra de las Comunidades, de la cual se desprendió una medida cautelar de desalojo. Esta medida fue apelada con un recurso de inconstitucionalidad, luego con un recurso extraordinario federal  y en todas las etapas se concluyó que se hacía lugar al desalojo. En este caso el abogado Franco Aguilar, asesor legal de ENDEPA, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual se encuentra pendiente de resolución, con la posibilidad de que de todas formas no se suspenda la medida y que se concrete el desalojo, pero que contribuye como aporte al trabajo que se viene realizando en materia legal para evitar el mismo.

Vale recalcar que estas acciones impulsadas por el Poder Judicial de Jujuy con un tinte claramente extractivista, implican el claro incumplimiento de la ley 26.160, como así también el incumplimiento del Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y todos los derechos Indígenas en materia de territorio.

 

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