Ecuador Organizaciones Indígenas denuncian asesinato de un manifestante en represión policial

Oposición al gobierno de G. Lasso

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) denunció una fuerte represión, con al menos un muerto, ejercida por las fuerzas policiales a los manifestantes que realizan un paro nacional multitudinario contra el gobierno de Guillermo Lasso.

A este pedido se sumó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, “Denunciamos ante la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos del continente y del mundo como posibles delitos de lesa humanidad las decisiones adoptadas por el gobierno, el 24 de junio del 2022, las cuales exacerban, promueven y ejecutan acciones de represión violenta de la protesta social en Ecuador”.

De acuerdo con la información proporcionada por las organizaciones de sociedad civil que recogen las denuncias por violación a derechos humanos y la violencia policial, hasta el 24 de junio del 2022, se registran 64 casos de vulneración a los derechos humanos, que incluyen 5 personas fallecidas, 5 desaparecidas, 166 heridas y 108 detenidas. El Estado ecuatoriano no ha presentado cifras oficiales a este respecto.

Las organizaciones y personas firmantes de un petitorio de orden nacional, denuncian como ilegal, ilegítima e inhumana la represión violenta que ocurre en Ecuador de parte del gobierno en contra de las organizaciones campesinas e Indígenas, colectivos sociales y personas de la población civil que ejercen los derechos constitucionales a la protesta y a la resistencia, en el marco del Paro Nacional que inició el día 13 de junio del 2022.

La Constitución, capítulo 4, sección segunda, artículo 35, inciso 10, declara: “Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, en situaciones de crisis profunda de orden institucional democrático y de conmoción social, la protesta debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia’’.

“El pueblo ecuatoriano tiene derecho a mostrar su disentimiento con las políticas neoliberales del gobierno que afectan brutalmente a los sectores más pobres, precarizados y vulnerables de la población, mediante de la protesta social. El ejercicio del derecho a la resistencia está estrechamente vinculado a los derechos a una vida digna, a la participación social y a la defensa de la democracia, garantizados por la Constitución de la República del 2008”, indican en el escrito.

El Paro Nacional indefinido en Ecuador fue convocado el 13 de junio por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), e incluye una serie de demandas relativas a evidentes problemas de fondo que los afectan directamente y a la sociedad en general, y que habían sido puestas en la mesa de diálogo, casi desde el inicio del gobierno de Guillermo Lasso, sin que se haya logrado ningún resultado.

Desde esa fecha, en varias ciudades se convocaron manifestaciones pacíficas en las que han participado diversas organizaciones gremiales y de la sociedad civil. Ni bien iniciada la medida, el gobierno propició la detención ilegal del presidente de la CONAIE, Ing. Leonidas Iza, exacerbando los ánimos y sumando apoyos a la movilización. En paralelo, la policía y el ejército iniciaron acciones represivas caracterizadas por el uso desproporcionado y letal de la fuerza, violentando los derechos humanos de las personas que se encontraban participando pacíficamente en la movilización.

El gobierno ha emitido dos decretos ejecutivos (No. 455 y 459), declarando el Estado de Excepción en el país que limitan varios derechos individuales y colectivos en seis provincias del Ecuador. De ellos, sólo el primero, ya derogado, cuenta con dictamen parcial de constitucionalidad. Actualmente, la Corte Constitucional está analizando y deberá pronunciarse de inmediato sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo N.° 459, publicado pasadas las 17 del 20 de junio de 2022.

El día 24 de junio, en cadena nacional de radio y televisión, el gobierno anunció “dar el siguiente paso” con el inicio de un proceso de represión mayor, pasando al uso, por ejemplo, de carabinas con emisión múltiple es decir perdigones, que son armas de fuego letales, como ya se evidenció con la muerte de una persona en la ciudad de Quito en horas pasadas.

Las demandas

“Como personas y organizaciones que reivindicamos la lucha social, la búsqueda de una sociedad justa y sobre todo el respeto de los derechos humanos en todos los espacios, nos pronunciamos:

1. En contra de la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y fuerzas armadas que buscan callar a quienes se resisten y reclaman legítimamente por sus derechos vulnerados.

• Exigimos a los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, los organismos de la Organización de Naciones Unidas, así como a las y los Relatores Especiales, que se pronuncien en favor de la protección integral de derechos del pueblo ecuatoriano que participa en las movilizaciones de forma pacífica.

• Exhortamos al gobierno ecuatoriano a que respete y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para precautelar el derecho a la vida, el derecho a la protesta social, libertad de asociación y de expresión y, de manera especial, los derechos de las mujeres, así como de los niños y niñas.

• Incitamos a las autoridades a que viabilicen el diálogo cesando la violencia en las calles y universidades que actualmente están sirviendo como centros de paz, refugio y ayuda humanitaria para miles de mujeres, niñas y niñas de los pueblos y nacionalidades indígenas.

• Exhortamos a los medios masivos de comunicación, especialmente a los mayores medios privados, a que difundan la situación de forma veraz, verificada y contrastada, apliquen sus códigos deontológicos en la producción informativa y no se presten a la campaña de desinformación orquestada desde el gobierno para invisibilizar las violaciones a los derechos humanos de las personas como fruto de la represión policial y militar, así como la criminalización de la misma mediante la estigmatización racista hacia los líderes y participantes en la movilización.

• Demandamos a Fiscalía, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo a que abran las investigaciones pertinentes frente a todas las violaciones contra los derechos humanos. Y que, de la misma manera, se proporcione verdad, reparación integral y justicia a las víctimas de la violencia policial y militar.

• Nos sumamos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta social y respaldamos a quienes se mantienen en resistencia, especialmente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato, Latacunga, así como en varias provincias amazónicas. Seguiremos denunciando la represión estatal, nos mantendremos vigilantes y en pie de lucha por los derechos de todas y todos.

• Nos solidarizamos con las víctimas de la violencia por la brutal represión que han sufrido, así como con sus familias y allegados.

• Exigimos el cese inmediato de la represión y responsabilizamos al gobierno ecuatoriano y al presidente Guillermo Lasso por las consecuencias fatales de la violencia ejercida contra los y las manifestantes, y le conminamos a retomar la salida del el diálogo y el entendimiento social en condiciones de equidad y sin condicionamientos basados en la fuerza, como vía democrática para resolver los conflictos en la sociedad”.

La jornada 16 del paro nacional concluyó con hechos violentos en la parroquia Calderón, norte de Quito.

En la mañana de este miércoles 29 de junio, las autoridades y los vecinos empezaron a hacer el balance de daños en las Unidades de Policía Comunitaria. Vecinos de las zonas cercanas aseguran que, durante los enfrentamientos con la policía, hubo una fuerte represión, sobre todo en la zona de San Miguel del Común, por lo se produjo la reacción ciudadana.

“La policía lanzó bombas lacrimógenas en las casas, dos niños se ahogaron. Esa fue la razón por la que fueron a quemar la UPC de Calderón”, menciona Óscar Ruales, vecino de Calderón.

Según menciona el sitio web Primicias, esta versión fue respaldada por las organizaciones de Derechos Humanos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quienes denunciaron represión de la fuerza pública, incluso con niños heridos.

Durante el día 16, hubo marchas pacíficas en Quito y concentración de manifestantes en los exteriores de la Basílica del Voto Nacional, sede de los diálogos entre las Organizaciones Indígenas, a la espera de una salida al paro nacional.

La violencia parece ser la réplica, de varios gobiernos, frente a las justas protestas del pueblo, disentir con manifestaciones populares frente a la falta de respuestas es un derecho inalienable de toda sociedad en el marco de la democracia que los funcionarios juraron defender.

La defensa de la democracia que tanto trabajo, prisión y sangre ha costado conseguir en América, no es un problema solo del país que sufra opresión sino de todos, porque donde haya una injusticia allí debemos estar.