septiembre 8, 2021

Emplear el propio idioma para entender y hacerse entender

 

Esta diplomatura propone brindar formación lingüística, cultural y jurídica a integrantes del Pueblo Wichí. Fotografía archivo ENDEPA.

Organizan esta instancia de estudio la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y el Consejo de la Lengua Wichí, con apoyo de ASOCIANA, TEPEYAC y CONICET- ICSOH

Se dictará la diplomatura en Interpretación y Traducción Intercultural Wichí-Castellano para el Acceso a la Justicia, destinada a integrantes de Comunidades Indígenas del Pueblo Wichí en la Provincia de Salta.

Esta diplomatura se propone brindar formación lingüística, cultural y jurídica a integrantes del Pueblo Wichí para que puedan desempeñarse como traductores e intérpretes Wichí-castellano en instancias vinculadas con procesos judiciales.

El derecho al uso de la propia lengua se hace necesario, no sólo en el ámbito judicial, sino en todas las instancias que involucren la relación entre Pueblos Indígenas y Estado y afecten los intereses de las Comunidades. En lo legislativo y lo administrativo, tanto como en lo judicial, corresponde que sean asistidos por un intérprete para que puedan entender y hacerse entender con respecto a todos temas que les conciernen.

Tal como especifica el jurista Juan Manuel Salgado: «la norma constitucional que declara la preexistencia étnica y cultural [art. 75, inc. 17] […] implica el reconocimiento del derecho a usar el propio idioma preexistente en todas las gestiones estatales (aun como testigos). Aunque los códigos procesales penales y los pactos de derechos humanos establecen la posibilidad de contar con intérprete para quienes no conocen el idioma, el derecho a utilizar la lengua materna[sic] no debe estar limitado por la “comprensión” del idioma oficial, ya que la cláusula constitucional y el principio de no discriminación implican que los miembros de pueblos indígenas deben poder expresarse con la misma soltura al hablar con que se manifiestan los ciudadanos no indígenas». (2006, p. 141).

Vale aclarar que el derecho a la asistencia de un intérprete tiene consistencia constitucional, ya que en art. 75, inc. 22, la Constitución Nacional incorpora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA (“Pacto de San José de Costa Rica”). Ambas normas consideran sobre la garantía que asiste a toda persona que no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal.

El cursado, que será virtual y gratuito, se iniciará en el mes de octubre. La carrera tiene una duración de un año y medio, finalizando en diciembre de 2022.

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Cintia Gimenez

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