abril 22, 2021

En el Día Internacional de la Tierra, entró en vigencia el Acuerdo de Escazú

El acuerdo hace especial foco en el derecho al acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y también en la libertad de expresión, en la preservación de la vida y en la protección de los derechos humanos de los defensores de la naturaleza.

América Latina celebró este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado ambiental de la región y pionero en el mundo en proteger a la Casa Común y a los activistas ambientales.

 “El convenio protege el medioambiente y la salud de las personas, principalmente los pueblos indígenas, y también promueve la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, empodera a las personas y Comunidades para que sean informadas y escuchadas en los procesos de toma de decisiones que afecten sus vidas y territorios”, indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Escazú es resultado de varios años de trabajo con el objetivo de detener la destrucción del ambiente a través de una fuerte acción colectiva, comprometida, de alcance global, con Estados que protejan a la Madre Tierra. Entre los 12 países que procedieron a la ratificación, se encuentra Argentina, que notificó el 22 de enero de 2021 que es Estado parte del acuerdo y acompañó su entrada en vigencia.

El acuerdo fue aprobado en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y promueve la formación, capacitación y sensibilización sobre derechos ambientales a funcionarios públicos administrativos y judiciales, instituciones de derechos humanos, juristas y al público en general. Además, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas ambientales y la toma de decisiones.

Este flamante instrumento regional busca, también, incorporar disposiciones vinculadas al reconocimiento, promoción y protección de los derechos de los defensores del ambiente e indica que los ambientalistas deberán tener garantizado su trabajo en un entorno seguro y propicio, libre de amenazas, restricciones e inseguridad. Indica que se deberán tomar medidas apropiadas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de lo contemplado en el Acuerdo.

Con la entrada en vigencia, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, se convierte en uno de los instrumentos ambientales más importantes para la región, es un gran paso para la democracia ambiental.

Imagen: Escazú

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Joselo Riedel

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