Las fuerzas armadas provinciales reprimieron y desalojaron una movilización en la Ruta 5 de Bandera Bajada, persiguiendo a varios manifestantes de la Comunidad que reclamaban contra la usurpación de tierras por parte del empresario Jorge Simón Karan.
El 2 de mayo, miembros de la Comunidad, que vienen resistiendo desde hace tiempo, realizaban una manifestación pacífica solicitando la liberación del productor Felipe Suárez, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), detenido el jueves 28 de abril en el marco de un conflicto por el avance ilegal sobre el territorio por parte del empresario.
La orden represiva había sido dictada y ejecutada por el fiscal Miguel Torressi y la jueza de control y garantías, circunscripción Capital, Ana María Vittar, en respuesta a una acusación del empresario, quien denunció a la Comunidad por “usurpación”. Además de la detención a Suárez, existen pedidos de captura contra otros integrantes de la Comunidad: Juan Ramón Ibañez, Ezequiel Suárez, Eulogia Godoy y David Daniel Godoy, delegado de la base UTT.
Según denuncian desde la Comunidad, “…la situación es grave. Con la complicidad de fiscales, policías, jueces y políticos capitalistas de la zona, estamos siendo hostigados, perseguidos y denunciados penalmente”, expresan. El empresario en cuestión ingresó meses atrás al territorio comunitario para instalar hornos de producción de carbón. Otro de sus intereses está puesto en explotar el quebracho que hay en la zona, según fuentes de la Comunidad.
Desde la UTT denuncian en un comunicado que los pedidos de captura “están manipulados por el empresario Jorge Simón Karan que está hace tiempo amedrentando a los compañeros poseedores de la tierra, a través de amenazas y denuncias constantes, buscando desalojar a las familias campesinas para la explotación de maderas de quebracho y carbón”. Asimismo, responsabilizan al gobierno provincial y al nacional por la integridad de las Comunidades e integrantes de la organización.
La UTT y la Comunidad Indígena perteneciente al Consejo de Nación Tonokoté Llajtaymanta, realizaron una denuncia al fiscal y la jueza “por la constante criminalización y persecución al campesinado a favor de los intereses de empresarios usurpadores”.
La complicidad explícita de las instituciones políticas, judiciales y represivas es evidente. El operativo para los avances sobre los territorios de Pueblos Indígenas y campesinos lleva años de ejecución en el marco del impulso al modelo agroexportador y extractivista. La violencia constante y el avasallamiento de los derechos de las Comunidades son las formas de usurpación de territorios ancestrales. Mientas tanto, la única respuesta ante tantas injusticias es la represión.
