Este 10 de mayo, con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco y el Instituto del Aborigen Chaqueño como querellantes, se llevó adelante una nueva audiencia del juicio iniciado el 19 de abril en la Casa de las Culturas de Resistencia, Chaco. GAJOS ha estado presente con enviados especiales en las audiencias anteriores.
En esta oportunidad las rondas testimoniales se realizaron en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con declaraciones de investigadores especializados en la reconstrucción de los delitos cometidos por el Estado Nacional contra los Pueblos Qom y Mocoví en 1924.
En la jornada prestaron su declaración en calidad de testigos los investigadores e investigadoras Marcelo Musante, Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Dávila, Alejandro Covello, Carlos Salamanca, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo, quienes realizaron un abordaje, integral y sostenido en basamentos científicos, de lo ocurrido en las reducciones Indígenas y sus consecuentes secuelas.
“Estamos transcurriendo un proceso de memoria, verdad y justicia el cual fue muy esperado por los Pueblos Originarios y por toda la comunidad chaqueña y de Latinoamérica”, indicó Silvana Pérez la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco.
“Esta es una deuda que tenemos para con nosotros y que tiene que ver con reconocer un crimen de lesa humanidad, un genocidio que se llevó a cabo a través de un plan sistemático por parte del Estado. Napalpí representó explotación laboral y malas condiciones de apropiación de los territorios, por lo que lo principal de este juicio es darle a lo ocurrido la entidad de verdad”, agregó la funcionaria.
Entre los relatos oídos, las voces de las y los investigadores coincidieron en el hecho de que tanto la persecución realizada por el Estado hacia los Pueblos Indígenas, como la falta de políticas en torno a los reclamos laborales y los atropellos que sufrieron fueron desencadenantes de más ataques hacia estas Comunidades vulneradas, ya que se generó una idea errónea de que el aval del Estado era suficiente para sostener la violencia institucional y estatal.
Marcelo Musante, en su rol de docente e investigador, señaló que la jerarquización que se daba en aquel entonces, el colocar a las etnias en escalafones sociales mucho más bajos y sin garantías ciudadanas fue un potenciador para que el asesinato de los residentes de Napalpí se concrete: “Las reducciones Indígenas fueron indispensables para llevar a cabo la masacre”.
Nicolás Iñigo Carrera, investigador e historiador, aseguró que “lo sucedido en Napalpí era algo que se conocía, más para quienes estábamos metidos en la investigación del tema, pero nadie quería hablar. Los habitantes de la reducción de Napalpí cuando hablaban del tema hacían referencia a unos malos dirigentes que los habían llevado a hacer ese movimiento, haciéndolos rechazar su propia historia. Era un tema que se hablaba en voz baja o directamente no se hablaba”.
La antropóloga Lena Dávila, en su aporte, hizo hincapié en las limitaciones que fueron impuestas en cuanto a la contratación de mano de obra indígena, lo que impedía que los pobladores de las comunidades Qom y Mocoví puedan elegir donde trabajar y los obligaba a ajustarse a los parámetros establecidos por el Estado para la cosecha del algodón. “Esta prohibición de migrar como fuerza de trabajo en busca de mejores condiciones de trabajo afectó a los indígenas de la región, pero además se agregó el hecho de que a quienes vivían en la reducción de Napalpí, la administración de la reducción les exigía que entregaran lo producido en la cosecha de algodón y les prohibía terminantemente venderlo”.
“La explotación a la que eran sometidos los trabajadores de Napalpí fue en aumento y esto evidencia el trato desigual de estos trabajadores respecto de cualquier otro trabajador no indígena, quienes sí podían vender su fuerza de trabajo a quien quisieran y con mejores salarios”, relató la investigadora.
“Para pensar la violencia, la verdad y la memoria, es indispensable pensar los territorios y sus características, en el caso de Napalpí la sobreexplotación de los cuerpos fue igual a la sobreexplotación del territorio”, agregó el investigador Carlos Salamanca, a su turno.
En su testimonio, el investigador Alejandro Covello mencionó: “el 19 de julio de 1924 se vivió el terror desde el aire, y esto abrió la puerta a la masacre de Rincón Bomba y al 16 de julio de 1955. Necesitamos verdad y justicia para no llegar a lo que llegamos, lo que fueron los vuelos de la muerte”.
Eva Nazar Gaulo, archivista e investigadora, partícipe de la recopilación de datos relevantes para esta causa, declaró: “los archivos no guardan solo información sobre los próceres, no tienen solo la firma de los personajes célebres, conservan el sedimento del accionar continuado de las organizaciones y por eso tienen una triple función, ya que permiten que se escriba la historia, que esos documentos puedan ser memoria de las instituciones productoras, pero fundamentalmente brindan las garantías del acceso a los derechos”.
En sintonía, Alejandra Aragón, también archivista e investigadora, agregó, con respecto a la reconstrucción histórica por medio de archivos: “esto sirvió para contrastar lo ocurrido con la idea inicial que había de que ocurrió la masacre porque había existido un malón”.
El 12 de mayo, también en CABA, continuará la sexta audiencia con las declaraciones de Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los investigadores e investigadoras Valeria Mapelman, Héctor Trinchero, Mariano Nagy y Diana Lenton.
Finalmente, el 19 de mayo, se llevarán a cabo los alegatos de la Fiscalía y las querellas en la Casa de las Culturas de Resistencia, provincia de Chaco.
Este juicio entre muchas otras consecuencias sociales tendrá la de negar el silencio y quitar vendas, no hubo malón y sí hubo masacre para beneficiar a grandes productores. La Argentina de hoy, la de la reforma constitucional de 1994 que reconoce la preexistencia indígena al Estado Nacional, merece conocer estas verdades.