En una resolución firmada el 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) resolvió levantar las medidas que habían sido otorgadas hace once años tras una denuncia realizada por el Qarashé de la Comunidad Potae Napocna Navogoh, Félix Díaz, por agresiones de parte las fuerzas de seguridad de la provincia de Formosa, Argentina.
En el documento firmado por Tania Panszi -secretaria ejecutiva de la Comisión- se informó el levantamiento de la medida cautelar, asegurando que “se respetan y garantizan los derechos de las personas”, sin embargo, desde la Comunidad se muestran alarmados.
La CIDH tuvo en cuenta las medidas adoptadas por parte del Estado “a lo largo del tiempo” y consideró que la naturaleza temporal de la medida está resuelta dado que “no existe controversia entre las partes”.
Preocupación en la Comunidad
“Para nosotros, el levantamiento de la medida cautelar de la CIDH nos pone en una situación en la cual ya no podemos volver a pedir protección. Muchas veces las denuncias que se hacen en la Comunidad no han sido recepcionadas por parte de las autoridades policiales, o a veces las dejan sin enviar al juzgado. También el juzgado recibe denuncias y las deja pasar por años, dejando extinguir la causa. Esos son los mecanismos de la justicia formoseña”, expresó a Gajos Félix Díaz.
“Vamos a ver que dice el gobierno nacional respecto al tema, porque ha durado once años la permanencia de esta medida cautelar que fue otorgada mediante el trámite que se hizo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los abogados del patrocinio de la medida, con los que somos los peticionarios de la medida, pertenecen al Centro de Estudios Legales y Sociales, con Diego Morales, y a la Defensoría General de la Nación a través de la CIDH Argentina, que está a cargo del Dr. Gustavo Iglesias. Ellos son los responsables de esta medida cautelar que hemos logrado tener”, detalló el Qarashé.
“Nos preocupa mucho esta situación porque Formosa siempre ha hecho lo que quiere con todos los habitantes que piden justicia y que se garantice la seguridad física. La policía actúa porque tiene un respaldo político, eso usan para poder manipular y presionar”, indicó.
Según el planteo esgrimido en el documento “la Comisión valora positivamente las medidas adoptadas por parte del Estado en implementación de las presentes medidas cautelares”. Asimismo, dejan ver que las acciones implementadas “fueron fruto del consenso con la representación y miembros de la Comunidad”.
Tras la aplicación del amparo, la Comisión sostiene que “ambas partes coincidieron en que el marco fáctico que valoró la Comisión en el 2011 -esto es el momento temporal de otorgar las medidas cautelares- ha cambiado y no se encuentra actualmente vigente”.
La CIDH resalta que, “con independencia del levantamiento de las presentes medidas, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, es obligación del Estado de Argentina respetar y garantizar los derechos reconocidos en la misma, incluyendo la vida e integridad de las personas identificadas en el presente asunto”.
Las medidas cautelares representaban una herramienta fundamental para la protección de la vida y la integridad física de los miembros de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, La Primavera, -aunque la realidad mostró que no eran suficientes- al exigir a los Estados nacional y provincial su pleno cumplimiento. Ahora quedan las leyes y disposiciones internacionales que aseguran los derechos indígenas frente a la criminalización y persecución constante que sufre el Pueblo Qom.
Esperamos que desde la CDIH se comprenda que dejar sin custodia jurídica a la Comunidad es ponerla en un mayor grado de inseguridad del que hasta el momento tenía.
