agosto 30, 2020

La Comunidad Cueva del Inca sin acceso a servicios básicos por causa de fallo judicial arbitrario.

En el marco de la actual pandemia de Covid 19, la Jueza Norma Issa rechazó el pedido de acceso al agua potable y luz eléctrica de la Comunidad ubicada en la localidad de Tilcara, Provincia de Jujuy, en la cual viven 90 familias pertenecientes al Pueblo Kolla, constituyéndose una medida judicial que afecta seriamente la cuestión sanitaria.


El pasado 21 de agosto la magistrada decidió no dar a lugar al pedido de la Comunidad que solicitó una morigeración de la medida cautelar, según Expediente N°C-129269/2018 Cautelar: Prohibición de Innovar en el Exp. Principal C-120356/2018, requiriendo la autorización para la instalación de servicios de agua potable y electricidad.


La Comunidad había realizado nuevas presentaciones de moderación de la medida cautelar al inicio de la pandemia para acceder a los servicios y de este modo evitar que se expanda el contagio del Covid 19. Ante la negativa judicial los miembros de la Comunidad se encuentran en una situación muy grave ya que hay familias con Covid 19.


“Hay una situación de daños y perjuicios en contra de la Comunidad por una supuesta ocupación de tierras que reclama un particular. Sin embargo, no hay un reclamo central de petición de estas tierras por parte de este particular”, indica Franco Aguilar, abogado defensor de la Comunidad y agrega, “en este sentido, hay una medida cautelar que está unida a la tipología ‘daños y perjuicios’, que mantiene una prohibición de innovar. En ese expediente hemos solicitado, en el marco de la pandemia la colocación de agua y luz, pedido que fue denegado.”


Aguilar pidió la autorización de habilitación de estos servicios llamados “esenciales”, que supone acceder a derechos humanos básicos. “Un fallo de estas características termina replicando la invisibilidad de los derechos de los Pueblos y contrariando el mandato constitucional de 1994 en su Art 75 inciso 17”, asegura el letrado.


“La situación de la Comunidad es grave, porque en plena pandemia hay familias hacinadas, incluso hay varias familias que comparten un mismo baño letrina, el salón comunitario y tampoco tienen electricidad. Realmente son privaciones básicas de derechos humanos y vemos litigios judiciales que no resuelven los problemas de raíz. Por un lado, la falta de agua potable en plena pandemia, que implica falta de medidas sanitarias de prevención del Covid 19 y por ser este líquido vital un derecho humano al cual tenemos que acceder todos porque es fundamental y por otro la negativa del servicio de luz eléctrica, tan indispensable para que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación actual”, expresa Laura Méndez, integrante de la Comunidad Cueva del Inca.


“Hay mucha angustia en nuestra Comunidad porque hay familias infectadas con coronavirus. Nos encomendamos a nuestra Pachamama para que se resuelvan estos problemas y que podamos tener estos reconocimientos tan negados por el sistema judicial. Estamos de manera ancestral y tradicional en estos territorios”, describe Méndez y agrega, “a nosotros nos llama poderosamente la atención estas medidas cautelares, creemos que no se están considerando los derechos de las Comunidades Indígenas, es por eso que interpelamos a los jueces y juezas que de algún modo van viendo nuestras causas judiciales, que revisen y consideren las leyes que amparan a los Pueblos Originarios.” “Es terrible esta situación de prohibiciones a la Comunidad”, finaliza.

El trasfondo cargado de medidas cautelares*


Ante plena crisis sanitaria, no poder tener agua ni luz es una condena social que afecta a las familias de la comunidad Cueva del Inca, perteneciente al Pueblo Colla. Esta negación de accesos a derechos básicos, afectan también otros derechos como por ejemplo el acceso a la educación, a los derechos de la niñez, de las mujeres, de personas con discapacidad. Todas estas circunstancias se dan frente a diferentes juicios realizados por la familia Mendoza, quien aduce ser dueña de casi todo el territorio Indígena. Sin embargo, la Comunidad tiene reconocimiento de la ocupación tradicional del territorio mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con carpetas aprobadas del RETECI, ley 26160 y con Resolución N°466 desde el año 2014.


Inclusive desde el año 2009 la Comunidad Cueva del Inca le ganó un juicio a la familia Mendoza, quienes pretendían su desalojo y la comunidad logró acreditar la efectiva posesión del territorio, no pudiendo ser desalojadas. Y ante éste resultado, la abogada Citro (representante legal de la familia Mendoza) planteó una supuesta acción de daños, y posteriormente solicitó una cautelar de prohibición de innovar. Desde entonces hasta el presente con estas disposiciones judiciales de medidas cautelares de prohibición de innovar, se le impide a la Comunidad vivir dignamente en el territorio, no puede acceder a la instalación de servicios de agua potable y luz eléctrica, no pueden construir baños, ni ampliar las habitaciones de sus viviendas, viviendo en un contexto en total hacinamiento.


La lucha de la Comunidad Cueva del Inca, se viene desarrollando desde hace varios años. El poder vivir en territorio ejerciendo derechos, ha implicado varios litigios judiciales y el soportar distintas violaciones a los derechos Indígenas. La Comunidad inclusive fue violentamente reprimida cuando reclamaba se levante medida cautelar dictaminada en ese tiempo por el Juez Sebastián Cabana, momento en que la policía de Jujuy reprimió y detuvo a menores de edad, ancianos y jóvenes. Los abuelos y abuelas, en tanto, iniciaron una huelga de hambre y se levantó la medida cautelar por dos meses.


Luego en enero de 2019, nuevamente entra en vigencia otra medida cautelar de prohibición de innovar. Así continúa la Comunidad enfrentando a distintas medidas cautelares dictaminada por jueces arbitrariamente, sin tener el mínimo respeto a los derechos Indígenas.


*CCAIA Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina.

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