septiembre 5, 2021

«No hay una política en Argentina que trabaje por el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas»

Germán Zúñiga, abogado indígena del Pueblo Mapuche, ambientalista, miembro de ENDEPA

Así lo manifestó Germán Zúñiga, abogado indígena del Pueblo Mapuche, ambientalista, miembro de ENDEPA -del Equipo de Neuquén- con relación al incumplimiento de la Ley 26160 de Emergencia en materia de Posesión y Propiedad de Territorios Indígenas. Al mismo tiempo habló sobre la importancia de la prórroga y la necesidad de un verdadero compromiso para el efectivo cumplimiento de los Derechos Indígenas.

Nos cuenta, además, sobre la necesidad de tratar los temas territoriales como cuestión de fondo e impulsar la creación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena una vez finalizados los relevamientos territoriales en el país.

– ¿Cuál es el panorama actual, en términos territoriales, de los Pueblos Indígenas en Argentina?

«En el tema territorial de los Pueblos Indígenas si bien se ha dado, desde la reforma constitucional del 94 a la actualidad, un avance en el ámbito legislativo -tanto a nivel nacional como provincial- al reconocer en el artículo 75, inciso 17 estos derechos, el panorama no termina de ser seguro para las Comunidades y no hay una garantía en cuanto a la propiedad. Tampoco hay una ley que garantice y reconozca la propiedad a los Pueblos Indígenas, teniendo en cuenta que ésta posee características diferentes a la del derecho privado.

La propiedad Indígena es comunitaria, por lo que es intangible en virtud de las prohibiciones que tiene de venderse, embargarse y ponerse como garantía; cuestión que tiene que ver con la cosmovisión de los Pueblos Originarios.

Depende mucho, también, de los gobiernos de los lugares donde habitan los Pueblos Indígenas y las políticas que llevan adelante. Actualmente se incumplen normas nacionales en torno a la Constitución, sobre todo en la falta de ejecución del relevamiento territorial y en la suspensión de desalojos que ordena la Ley 26160, en los atropellos a las Comunidades, las pocas garantías -no solamente en cuanto al derecho territorial, que es fundamental- sino también con relación a otros como el acceso a la salud, a la educación, al agua y a la vivienda, todos derechos básicos que hacen a una vida más sustentable y humana.

El panorama actual de los territorios Indígenas muestra señales de alerta en virtud de posibles conflictos. Las Comunidades Originarias viven en territorios con gran valor económico para un modelo extractivo como el que se lleva adelante, con mucha pretensión por parte de empresarios y de gobiernos. Son lugares de abundancia natural y mucha riqueza en cuanto a bienes que se pretenden explotar. La mayor repercusión del extractivismo se da en territorios Indígenas, como en los que se quiere implementar la megaminería en el sur o la explotación del litio en el norte. Es una situación que obliga a la defensa constante. Entonces, al no tener seguridad en cuanto a la propiedad, siempre se está en estado de alarma».

 

– ¿Cuál es la razón del alto nivel de inejecución de la Ley 26160? ¿Cuáles son los factores que más influyen en el incumplimiento de los plazos de la norma?

«Su alto nivel de inejecución preocupa y alarma. Esta ley no presentó mayores avances desde el 2006 -año en que se sancionó- en adelante, y los que se dieron fueron en espacios de tiempo muy cortos.

Una de las principales razones de la inejecución pasa por el desinterés del Estado en generar políticas públicas Indigenistas y en brindar seguridad jurídica a los territorios comunitarios. El alto porcentaje de incumplimiento viene por ese lado. No es un desinterés inocente, no se ejecuta el relevamiento porque no le conviene a la política estatal que haya una delimitación clara y determinada de los territorios indígenas, que le dé a las Comunidades facultades para garantizar de manera más contundente sus derechos territoriales.

También existe lentitud porque se ha girado mucho dinero, es decir que se han puesto a disposición los recursos, pero al momento de firmar los acuerdos en las provincias para cumplir lo ordenado por la Ley se hacen negociaciones que están “por afuera” y que ponen en riesgo los territorios de las Comunidades.

Al mirar los números en la realidad, es preocupante que ni siquiera se haya llegado en todos estos años a completar el 50% de los relevamientos. Primero porque hay un gasto que se genera constantemente al Estado y no se ve resultado, y segundo, por la inseguridad jurídica de los territorios.

Existe una política que se le vino como un boomerang a los gobiernos, la de correr a las Comunidades hacia zonas bastante inhóspitas, pero en la actualidad se dan cuenta de que esos son los lugares de mayor riqueza económica en cuanto a bienes naturales. En ese marco, las Comunidades han podido fortalecerse en esos lugares, con su riqueza cultural y defendiendo sus territorios».

 

 – En un año, agosto 2020 – agosto 2021, el INAI realizó relevamientos en un 10% de las Comunidades faltantes, a ese ritmo necesitaría seis años para completarlos. ¿Es posible realizarlos de manera más rápida y efectiva?

«Ciertamente, al ver estos datos, se pueden escudar en la pandemia, pero no nos podemos quedar en este último tiempo. Hemos tenido cuatro años de cierta parálisis en el relevamiento y esto trasciende el tema partidario, porque desde el 2006 en adelante hubo avances muy mínimos.

Creo que la rapidez y la efectividad se pueden dar, pero es una cuestión de voluntad de los Estados. Muchas veces no es rápida la ejecución de los relevamientos porque los gobiernos provinciales demoran en firmar los convenios. Acá, en la provincia de Neuquén, todavía no se ha logrado firmarlo para avanzar con las Comunidades que no se han relevado, entonces son cuestiones administrativas y políticas las que terminan generando una demora innecesaria.

Esa fue la línea que se ha ido dando en estos años, con cierta pasividad de los Estados, con chicanas para demorar el relevamiento. Como la ley tiene un plazo se juega con él, dilatar su efectivización todo lo posible es ganar tiempo para no cumplir ante el vencimiento de la ley. El panorama, a este ritmo de ejecución, es preocupante; esperar seis o diez años para completar el relevamiento es no garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas al territorio, generando mucho riesgo para las Comunidades.

Aun en vigencia de la Ley 26260 se dan intentos de desalojo, incluso por parte del mismo poder judicial que no acata la ley. Se pueden realizar los relevamientos de manera rápida y efectiva, las Comunidades siempre están predispuestas a colaborar para que suceda de esta manera, pero hay desinterés y complicidad de los Estados nacional y provinciales. No lo sienten como una política de Estado, en Argentina no hay una política Indigenista que trabaje por el reconocimiento de los derechos de los Pueblos originarios y la efectiva ejecución de los mismos. Mientras no se de esto, la aplicación de las normas va a ser lenta, a cuenta gotas».

 

– ¿De qué manera se puede avanzar, entonces, en una solución de fondo a la cuestión territorial?

«Una posible solución de fondo es trabajar y caminar hacia una ley que garantice la Propiedad Comunitaria como derecho, no solamente agotar las políticas con que se pretenden demarcar los territorios de los Pueblos Indígenas, sino avanzar a paso firme y convencidos hacia una Ley de Propiedad Comunitaria. Lógicamente hay que trabajarla y ser minuciosos en su detalle, pero le daría una seguridad jurídica absoluta a las Comunidades y la equipararía a lo que realmente establecen y pretenden la Constitución Nacional, las normas internacionales, e incluso los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que van en la línea de reconocer a los Pueblos Originarios una propiedad diferente a la privada.

La ley que ordena el relevamiento territorial es la base fundamental para, después, trabajar la Ley de Propiedad Comunitaria. La 26160 es trascendental para llevar adelante la delimitación territorial en tiempo y forma. Lógicamente estas soluciones no garantizarían la ausencia de problemas, pero sí una mayor tranquilidad a las Comunidades, que en la actualidad no tienen. Hoy deben recurrir permanentemente a los juzgados para defender sus territorios, planteando medidas cautelares para evitar que se le vulneren derechos de manera grotesca. Es una vida de constante lucha la que se da en los territorios».

 

 – ¿Cuál es la importancia de esta nueva prórroga?

«La de culminar con un trabajo que se debió finalizar en poco tiempo. Una prórroga sin ejecución no tiene sentido, y que solamente garantice la imposibilidad de desalojos no alcanza.

La expectativa con respecto a esta nueva prórroga es que realmente se pueda hacer un trabajo serio, que los gobiernos resignen sus intereses particulares, partidarios y económicos y lleven adelante una verdadera política de Estado en materia Indígena. Que se genere la posibilidad de delimitar los territorios de todas las Comunidades Indígenas en Argentina. Me tocó acompañar a Comunidades que llevaron adelante la demarcación de sus territorios y es muy lindo ver como reconocen su propio espacio, apreciándolo y viendo lo rico que es en valores históricos y culturales.

Pero insisto, si es una prórroga sin ejecución seguirá generando en las Comunidades solamente expectativas y poca seguridad. No podemos vivir eternamente de prórrogas. Hay que pensar en una política Indigenista de mayor contundencia y que se plasme en una Ley de Propiedad Comunitaria».

 

– ¿Considera que la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena complementa la ley 26160 ¿Por qué?

«Es lo más importante, la norma de fondo a la que hay que llegar. Debe ser una ley que se construya en base al relevamiento que ordena la Ley 26160, que muestra la presencia Indígena en Argentina, ese no es un dato menor. A medida que se va ejecutando vemos la cantidad de Pueblos Indígenas que hay y a partir de ahí nos podemos reconocer como sociedad pluricultural y de una riqueza enorme.

El relevamiento permite delimitar los territorios y hacer cierta comparación, tal vez con fines estadísticos, que muestre la desigualdad territorial que existe en Argentina. Porque mientras algunos pocos empresarios y personas extranjeras tienen gran cantidad de hectáreas -por ejemplo, aquí en el sur- las Comunidades Originarias que viven ancestralmente en el territorio y se identifican con él, tienen una porción mínima de espacio. Otro aspecto es que la cantidad de Comunidades Indígenas no se condice con la cantidad de territorio que poseen, entonces es importante lo que evidencian los relevamientos.

La Ley de Propiedad Comunitaria podría resolver muchísimos conflictos de fondo y sobre todo brindar seguridad jurídica a las Comunidades, que no la tienen, porque deben estar constantemente a la defensiva, judicializando, bregando por que se conozca el derecho Indígena y se aplique. Son muchos detalles que se van dando y que ponen en riesgo a las Comunidades. Esta ley sería un gran paso por parte de nuestro país para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, teniendo como base la 26160».

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