Presentamos una nueva edición de la revista Napa’l del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen; donde planteamos la necesidad de continuar con las acciones tendientes a lograr el cumplimiento de los derechos Indígenas, como así también diferentes fallos judiciales positivos a favor de los Pueblos Originarios.

No es novedad que los procesos de lucha por el cumplimiento de los derechos humanos son complejos y plagados de avances y retrocesos, debido en gran parte a las tensiones entre quienes pretenden abrir espacios de mayores libertades y quienes aspiran lo contrario.

Por lo general, una primera etapa se caracteriza por la demanda de reconocimientos de derechos antes no garantizados, los cuales quedarán plasmados en diferentes tipos de normas jurídicas. Esto debería ser suficiente para poder disfrutar de ellos sin mayores obstáculos, pero lamentablemente en la realidad no sucede de modo automático y en muchas ocasiones se mantiene el cuadro de vulneraciones.

Es por ello que las personas y los movimientos sociales encaran nuevas acciones, ahora exigiendo se respete lo normado, ya sea en el plano de lo político o social (como denuncias públicas en los medios de comunicación, reuniones con funcionarios, acciones directas de visibilización, etc.) o en el ámbito judicial.

Los Pueblos Indígenas no escapan a esta lógica: por décadas han batallado hasta lograr que sus derechos colectivos sean reconocidos como tales y ante su incumplimiento continúan el proceso de lucha para exigir su respeto mediante las más diversas medidas. A menudo, los tribunales hacen oídos sordos al reclamo y atienden a las posiciones de los sectores más poderosos. Sin embargo, en otras oportunidades se escucha su clamor, la balanza se inclina a su favor.

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