marzo 27, 2021

Se puso en marcha la Comisión de Tierras Indígenas en Chubut, después de más de 30 años de haber sido creada

El decreto 112, firmado por el Gobernador de Chubut, que invoca el fallo dictado en la causa Pilquiman impulsada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comunidad Pilquiman desde 2007, puso en evidencia el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos indígenas por parte de la Provincia de Chubut.

Este decreto llega después de tres décadas de incumplimiento del derecho a la consulta y participación Indígena, un antiguo reclamo de Comunidades y organizaciones indígenas.

“Desde el año 1991 debió haberse constituido la Comisión de Tierras Indígenas para dictaminar en forma obligatoria, en donde al menos una de las partes fuera Indígena, pero nunca se conformó y de ese modo, muchos derechos indígenas fueron desatendidos, violados y ninguneados” asegura el abogado Eduardo Hualpa, asesor legal de ENDEPA al inicio del caso.

“Más de 30 años después, el gobierno de la Provincia de Chubut dice que con poner en funcionamiento la Comisión de Tierras Indígenas cumple con el derecho a la participación y la consulta a los Pueblos Indígenas”, indica el letrado.

“A la altura en que se dicta, está muy atrasado con respecto al Convenio 169 de la OIT, de la propia Constitución Nacional, de la provincial y de los demás tratados y declaraciones de derechos humanos aplicables a los Pueblos Indígenas. Seguramente no será la última noticia, porque el decreto despertará diferentes planteos, pero no cabe ninguna duda de que es la lucha de los Pueblos, y en este caso el acompañamiento de ENDEPA, lo que ha permitido este paso”, asevera Hualpa.

 

El Caso Pilquiman

El caso se inició el en año 2007, cuando Don Crecencio Pilquiman tomó conocimiento de que el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) de Chubut había concedido derechos sobre un campo que tradicionalmente fue de la familia Pilquiman a un hacendado de la zona y sin consultar a la Comunidad Indígena afectada ni a las familias linderas.

Se interpuso una acción de amparo que tuvo sucesivas sentencias de rechazo por parte de los tribunales de Chubut hasta que, en el año 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que debían considerarse los derechos Indígenas involucrados. Así es que, en febrero del año 2020, ya fallecido Don Crecencio Pilquiman, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut trató el caso nuevamente y, si bien cuestionó la falta de actuación de la Comisión de Tierras Indígenas y exhortó al Poder Legislativo y al IAC a su implementación, consideró que, con la puesta en marcha de este organismo, anterior a la reforma de la Constitución, se cumplía con el derecho a la participación y la consulta.

Cabe aclarar que la Ley de Tierras Nro. 3765 del año 1992 preveía una Comisión de Tierras Indígenas que nunca se constituyó. En este sentido, la sentencia del año 2020 del Superior Tribunal de Justicia de Chubut dice que con poner en marcha esta Comisión que data de 1992 -instancia previa a la reforma de la Constitución- se cumple con el derecho a la participación Indígena, es decir que se insiste con una cuestión ya superada por la Constitución Nacional y el Convenio 169, además de los fallos de la Corte.

Este derecho, previsto tanto en la Constitución Nacional como en el Convenio 169 de la OIT exige al Estado no decidir nada que afecte los intereses de estos Pueblos sin consulta previa, de buena fe, a través de sus instituciones representativas y destinada a obtener un consentimiento.

“El caso Pilquiman es una clara muestra de la forma en que los Tribunales -salvo honrosas excepciones- se posicionan frente a los reclamos de los Pueblos Indígenas e incluso sobre la existencia misma de estos Pueblos, que en general aparece negada o puesta en duda. La comprensión de la diversidad cultural como paradigma de una nueva relación del Estado con estos pueblos es parte de una agenda pendiente”, indica Hualpa.

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