Por Silvina Ramírez. Abogada (UNC). Doctora (UBA). Docente de posgrado en la UBA, UP y otras universidades argentinas y latinoamericanas. Miembro fundadora de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho indígena (AADI). Autora de numerosas publicaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En la actualidad, los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los Pueblos Indígenas, tan esforzadamente conseguidos –vale la pena recordar que en Argentina están vigentes y tienen fuerza normativa- no sólo son recurrentemente vulnerados, sino que se encuentran en permanente debate. Algunos sectores, ya sea por falta de conocimiento, por incomprensión conceptual, o mal intencionadamente, sostienen la incompatibilidad entre la soberanía del estado con la autonomía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas, provocando un estado de situación que perjudica notablemente a estos últimos, quienes ven afectados el goce de sus derechos, y a quienes se les atribuye la responsabilidad por una supuesta y potencial secesión o fragmentación estatal, que está de más aclarar nunca estuvo –ni está presente- en sus planes de futuro.
¿Es incompatible la idea de soberanía con el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas? ¿Es acaso posible pensar un Estado que cobije a una multiplicidad de naciones, que genere los caminos para una convivencia armónica entre ellas, promoviendo y respetando la elección de todos los planes de vida, tanto individuales como colectivos? La primera pregunta tiene una respuesta negativa, nada hay de contradictorio en sostener la soberanía del Estado a la par que los Derechos Indígenas, incluido el derecho a la libre determinación; por el contrario, la segunda pregunta abre la puerta para imaginar otros horizontes, en donde emerja una nueva matriz estatal que geste las condiciones necesarias para organizar una renovada estructura política y jurídica, en donde la idea de plurinacionalidad coexista sin tensiones ni disputas con la idea de soberanía estatal.
Se deben clarificar algunos extremos de la discusión. En primer lugar, existe un conjunto de derechos indígenas que deben ser respetados, y que el Estado se comprometió a hacer efectivos. En segundo lugar, el Estado debe garantizar la participación indígena en las estructuras estatales, pensando en generar mecanismos que aseguren la representación indígena en todas las dimensiones del gobierno y de su descentralización territorial. En tercer lugar, y tal vez lo más importante, manteniendo la unidad del Estado puede pensarse en territorios indígenas que conservan su autonomía, y en ese sentido, que controlen sus espacios y que, a su vez, cogestionen algunos aspectos dentro del marco estatal.
Las posibilidades de estos nuevos acuerdos son enormes. El Estado debe ser una herramienta que distribuya las riquezas, que maximice la capacidad de los individuos y colectivos de concretar sus planes, respetando las diversidades existentes, tanto de saberes, creencias, culturas, relación con la naturaleza, etc. La igualdad entre individuos también debe ser entendida como la igualdad entre pueblos. Con estos puntos de partida, podemos empezar a entender el desafío de construir un nuevo modelo de Estado en donde respetar la soberanía estatal no signifique negar la preexistencia de los pueblos indígenas, sino que sea un presupuesto para debatir y dialogar alrededor de nuevos pactos que comprendan genuinamente el significado de un Estado plurinacional, sin resignar soberanía, pero entendiendo asimismo los alcances de la autonomía y la libre determinación de los Pueblos Indígenas.
