octubre 17, 2021

Un panorama sobre la Ley 26160, sus características y la necesidad de la prórroga en medio de un alto nivel de inejecución

 

“Todavía son muchas las Comunidades que están a la espera de las carpetas técnicas y los informes de relevamiento de tierras

Es una de las afirmaciones que hacen dos protagonistas que trabajaron, y lo siguen haciendo, para lograr que los Territorios Indígenas sean reconocidos como se debe.

Natalia Castelnuovo Biraben es Doctora en Antropología (UBA). Investigadora del CONICET y do-cente de grado y posgrado en la UBA y el Instituto de desarrollo económico y Social-Instituto de Al-tos Estudios sociales, Universidad Nacional de San Martín (IDES-IDAES, UNSAM). Publicó libros y artículos en revistas académicas nacionales e internacionales sobre políticas de desarrollo, ONGs, Pue-blos Indígenas, Estado, Mujeres Indígenas y violencia de género. Se destaca en su obra la publicación “Mujeres Guaraníes y procesos de participación política en el noroeste argentino” (2015).

Eduardo Soria, referente del Pueblo Guaraní, es profesor en el Instituto Superior en Educación Intercultural en Jujuy, una institución que abre una posibilidad de acceso al nivel superior a muchos jóvenes y adultos de las Co-munidades Indígenas en la provincia. El instituto, para lograr sus objetivos, sustenta el proceso enseñanza-aprendizaje en la validación comunita-ria del conocimiento y en la incorpo-ración de Docentes Indígenas, llama-dos “Idóneos” propuestos y elegidos por sus Comunidades y Pueblos

 

 

 

Eduardo Soria y Natalia Castelnuovo Biraben, en conjunto, responden a nuestras preguntas sobre el marco de la legislación y su real impacto en las Comunidades Indígenas.

 

– ¿A qué factores le atribuyen el tan alto grado de inejecución de la Ley 26160?

 

En los altos niveles de inejecución de la ley entran en juego varios factores. Por un lado, el proyecto se asienta sobre la articulación entre distintas escalas o niveles de estatalidad (municipal, provincial, nacional) para su implementación, que no suelen contar con experiencias de trabajo de este tipo.

Por otra parte, existe una alta burocratización de los procesos en las distintas etapas de ejecución del programa, que tiene impacto en las entregas de las carpetas a las Comunidades. 

 

Existe, además, una persistente, reiterada y continua falta de participación en la consulta a los Pueblos Indígenas sobre las políticas públicas que los afectan, en este caso, una política de relevamiento de tierras indígenas, pero esto es extrapolable a otras políticas públicas que los tienen como destinatarios. La casi nula participación de miembros de Comunidades en la formulación del programa que se suma al papel pasivo que los indígenas siguen asumiendo en tanto “dadores de datos” (proveyendo las narrativas, relevando puntos georreferenciados sobre lugares de gran valor en las Comunidades, etc.)

En Argentina se observa una alta inejecución de la Ley 26160. Foto: Natalia Castelnuovo Biraben

Otro de los elementos es el desinterés imperante en la agenda estatal (y los distintos agentes estatales que encarnan al estado) -y más allá del gobierno de turno- sobre los diversos asuntos que afectan a los Pueblos Indígenas, entre los cuales está la problemática de la tierra, sobre la quel hay muchos intereses y poder en juego.

 

Hay una enorme contradicción entre un proyecto de ley que pareciera inspirarse en ideas de resguardo y protección (suspendiendo desalojos, relevando y demarcando espacios indígenas) y los diversos modelos de desarrollo que se llevan adelante en los territorios donde se encuentran los Pueblos Originarios (agroindustria, minería, turismo, desforestación, extractivismo y demás), que son también causas de inejecución.

 

Puede mencionarse el profundo desconocimiento de la relación entre tierra-territorio y las Culturas Indígenas, el diseño y la formulación de un programa ambicioso, sin contar con los recursos económicos y humanos necesarios, la conformación de equipos técnicos no expertos en la materia, pudiéndose llamar a concursos públicos y dar participación tanto a indígenas como a no indígenas. En este contexto sería deseable un personal calificado y con conocimientos de la normativa existente a nivel nacional e internacional, para fortalecer el objetivo de la ley.

 

Hay distancia entre las expectativas generadas por el programa en las Comunidades y el alcance y posibilidades concretas y reales fijadas, y a esto hay que sumar al actual desinterés y desilusión que la gente expresa por un programa que no ha cumplido con sus objetivos.          

 

– ¿Qué aprendizajes pueden quedar de este proceso de lograr prórrogas pero no avanzar

   sustancialmente con los relevamientos?

“Hay una distancia entre las expectativas generadas por el programa en las Comunidades y el alcance y posibilidades concretas y reales fijadas”. Foto: Natalia Castelnuovo Biraben.

La prórroga es un parche a un problema complejo, que tiene como telón de fondo el debate acerca de un modelo de desarrollo deseable y sustentable a futuro para el país, y la deuda de una ley sobre Propiedad Indígena Comunitaria. Hay muchas Comunidades que están a la espera de la entrega definitiva de la propiedad comunitaria, hay otras asentadas en tierras y territorios bajo dominio del Estado y/o dominios privados. Es una deuda pendiente el debate y la sanción de una ley que aborde cuestiones vinculadas a las compras de tierras, proyectos de expropiación o de traslados a tierras que, en todos los casos, resulten aptas y suficientes.

 

Las sucesivas prórrogas no han tenido un correlato en los niveles de implementación y resultados alcanzados en el relevamiento. A 15 años de la sanción de la Ley (2006) y con el avance de la explotación y aprovechamiento de bienes naturales sobre los Territorios Indígenas, es posible afirmar que el programa funciona como un “analgésico-entretenimiento” de los distintos actores involucrados en su implementación.  En muchos Territorios Indígenas lo que se observa es el avance de proyectos de desarrollo productivo y extractivo excluyentes a todas las formas de vida y de relacionamiento indígena con la naturaleza y sus tierras.    

 

Es necesario contar con equipos técnicos y de profesionales con más competencia en la materia. Es importante realizar un mayor trabajo a nivel socio-territorial. Los abogados contratados en el marco del programa suelen contar con mucho trabajo, no pudiéndose comprometer ni cumplir con los objetivos del programa.  

 

¿Cuáles fueron los principales desafíos en el contexto de los relevamientos territoriales en los que han participado?

 

Los desafíos tienen que ver con que el programa de relevamiento parte de un encuadramiento estatal, que arrasa, desdibuja (y no puede reconocer, interpretar) los que son formas alternativas de territorialidad Indígena. Hay problemas de traducción, de legibilidad y de reconocimiento en juego. El programa naturaliza dispositivos, asume la confección de mapas y las narrativas comunitarias como las vías privilegiadas para legitimar la presencia de una Comunidad en un territorio. Un primer punto discutible del programa es la propia noción de Comunidad que se asienta sobre una concepción de espacio físico delimitado e inmutable. Los relevamientos suponen una dedicación, compromiso y trabajo por parte de los indígenas (dirigentes, caciques, autoridades), despertando expectativas a nivel comunitario que no encuentran respuesta a sus problemáticas en los relevamientos que se llevan a adelante.

 

En el acompañamiento a Comunidades en el Dpto. San Martín, Salta, muchas personas se involucraron y comprometieron activamente participando en distintas actividades vinculadas al relevamiento. Con frecuencia, su participación resultó en frustración y desazón, puesto que tal como nos expresaron “los programas y agentes estatales pasan con promesas de tierras” sin que esto impacte ni modifique realmente sus formas de vida. 

 

La formulación del programa no contempló la necesidad de contar con traductores indígenas para la ejecución. Así, en instancias de difusión de sus objetivos, en las que se presentó la ‘importancia de la ley del relevamiento territorial”, fueron muchas las personas que no entendieron qué se estaba tratando. A esto se suma que hay un desacople entre los objetivos del programa y los tiempos de la ejecución. Algunas Comunidades no fueron relevadas y muchas están a la espera de las carpetas y los informes de relevamiento. Las dinámicas de fusión y fisión que atraviesan las Comunidades son un proceso constante y que lleva a la escisión de grupos familiares y la conformación de nuevas Comunidades. Estas dinámicas y movilidad que se dan en los grupos indígenas requiere una lente distinta para pensar la implementación del programa, puesto que conlleva a desafiar la idea de que el proceso de relevar Comunidades se da de una vez y para siempre.

 

– ¿Cuál fue la experiencia en los territorios en el marco de esos relevamientos?

 

La experiencia en los relevamientos consistió en acompañar a ciertas Comunidades con la confección de materiales que forman parte de las carpetas. Es el caso de la elaboración de narrativas históricas y antropológicas que buscan recuperar distintas dimensiones y procesos que han ido configurando a la Comunidad, vinculada a un determinado espacio físico, pero que no necesariamente se corresponde con aquel territorio reivindicado y valorado. En base a nuestra experiencia consideramos que el trabajo dedicado a explicar y difundir los alcances de la ley y del programa han sido superficiales. Esto ha dado lugar a confusiones y falsas expectativas generadas por el programa en la gente. 

 

 

– ¿A qué se debe que las categorías de territorios más ricas y complejas quedan ausentes en los relevamientos que hace el INAI?

 

A que la idea de los relevamientos se basa en una cierta representación y definición de lo que es una Comunidad Indígena que aparece asociada a la noción de tierras en vez de territorios. El Territorio Indígena es concebido como un espacio amplio, de fronteras borrosas, en base a las relaciones sociales, la libre determinación y autonomía, y orientado por ciertos valores como la solidaridad, la reciprocidad y el respeto, donde se construye y practica el Buen Vivir, donde se respeta la relación entre naturaleza, el ambiente y el ser humano. Es un espacio sagrado y de convivencia humana con la naturaleza.

 

– ¿Qué rol ocupan las mujeres originarias en la lucha por los territorios?

 

Las mujeres indígenas han sido siempre parte de las luchas en los territorios. Su participación es de gran valor dentro de sus Pueblos. Tienen un rol central, muchas veces han sido ellas las que salieron a frenar los avasallamientos en los territorios, a poner el cuerpo, a resistir mediante carpas – “carpas de la resistencia” las han llamado- con su tiempo, dedicación; con mucho coraje, valentía, sin temer las consecuencias, impidiendo que avanzaran con actividades extractivas. Las mujeres indígenas son activas en las luchas y dentro de sus Comunidades y Pueblos, este lugar les es muy reconocido. Son muy valoradas por su posicionamiento. En los inicios de los procesos de relevamiento en el Dpto. San Martín, fueron las mujeres las que tomaron un rol central dentro del mismo, elaborando las narrativas, haciendo entrevistas a los ancianos para que esos escritos fueran un fundamento importante, con una historicidad y riqueza considerable en la demarcación de sus territorios, además de salir a recorrerlos y demarcarlo, así que claramente tienen una participación clave.

“Las mujeres indígenas han sido siempre parte de las luchas en los territorios. Su participación es considerada de gran valor den-tro de sus Pueblos”. Foto: Natalia Castelnuovo Biraben.

– ¿Por qué es importante una nueva prórroga de la Ley 26160?

 

Es importante porque aun tratándose de un parche, contiene el avance sobre las tierras indígenas, desalienta que se lleven adelante desalojos, funciona como un disuasivo cuando los jueces buscan favorecer la expulsión y despojos indígenas a favor de terceros y, para algunas organizaciones indígenas, es un instrumento jurídico con valor para detener el avance o al menos mitigarlo. Pero es necesario buscar otros mecanismos, procedimientos y prácticas para alcanzar sus objetivos y avanzar con la Ley de Propiedad Comunitaria.  

 

 

– Más allá de la prórroga, ¿cuál sería la solución de base para que los Pueblos Indígenas puedan tener la tranquilidad de vivir en sus territorios?

 

Se elaboraron propuestas con organizaciones y las mismas no fueron tenidas en cuenta en la ejecución del programa, que hace foco en las tierras sin referir al estado, preservación y conservación de los recursos naturales en los cuales se encuentran muchas Comunidades rurales. La ley pone el foco en los desalojos, sin aludir a esta dimensión que es la causante de los procesos de despojos e interés que las tierras indígenas despiertan para  sectores empresarios. En este sentido, la actual ley no contempla situaciones en donde las Comunidades han perdido todos los recursos existentes debido a las actividades económicas que se realizan en sus tierras-territorios. Hay recursos no renovables y otros casos donde se ha practicado la deforestación y sería necesario un plan de reforestación. Estas, entre otras cuestiones, deberían estar contempladas en la normativa. 

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Cintia Gimenez

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