La Ley de Emergencia Territorial Indígena venció el 23 de noviembre y fue extendida por un decreto presidencial, pero las Comunidades Indígenas continúan preocupadas y con sus reclamos latentes.
Una nueva marcha en defensa de la vida, la biodiversidad y la Madre Tierra se llevó a cabo este martes 30 de noviembre en distintos puntos del país y en Buenos Aires desde Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso Nacional. El pedido central se basa en el tratamiento legislativo y aprobación de la prórroga de la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena. Esta importante normativa -como ya se ha dicho en otras oportunidades- suspende el desalojo o desocupación de tierras ancestrales y ordena a los Estados nacional y provinciales hacer un estudio técnico catastral de los terrenos que tradicionalmente habitan.
Lo que se está exigiendo desde las Comunidades, cuyos representantes se encuentran acampando desde hace varias semanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que el tema se discuta en la Cámara Baja. Al ser suspendido el tratamiento, desde el acampe convocaron a una marcha nacional que tuvo su eco en distintas ciudades del país.
La ley fue promulgada en 2006 por cuatro años, y desde entonces fue revalidada por el Congreso hasta la actualidad, ya que el plazo se venció sin que culminara siquiera el relevamiento ordenado en el 50% de las Comunidades Originarias. Así, la privatización y el avance del sistema extractivista sobre los territorios de los Pueblos Indígenas, reclamados históricamente por ellos, continúa abriendo conflictos, especialmente en los considerados de alto valor por sus bienes naturales.
A pesar de los reclamos de las Comunidades, la Ley 26160 caducó nuevamente sin que el Congreso llegara a prorrogarla en la Cámara de Diputados, por lo que el Presidente Alberto Fernández lo hizo por decreto. Sin embargo, de esa forma la normativa presenta debilidades jurídicas, situación que preocupa a los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
“El respeto por los derechos de los Pueblos Indígenas todavía es una deuda de la democracia. Hoy hermanos se movilizan en distintos puntos del país. La preocupación es generalizada”, indicaron desde las organizaciones acampantes.
Han pasado 15 años, durante los cuales los gobiernos, no importando el que estuviera en el gobierno nacional o provincial, han faltado a su obligación y gastado los presupuestos sin que los “representantes del pueblo” le pidieran explicaciones. Para los reclamos indígenas los despachos están vacíos; ya se acabó la campaña, ahora llegó el tiempo de trabajar.
