En 1994, la reforma Constitucional constituyó un paso fundamental: reconoció que los Pueblos Indígenas existen desde mucho antes de que naciera el Estado argentino. Ese reconocimiento en la Carta Magna abrió una nueva etapa de justicia y reparación, pero aún hoy espera hacerse realidad.
El artículo 75, inciso 17 no es solo un texto legal, es el resultado de luchas de Pueblos que defienden su identidad, sus territorios y sus formas de vida. Allí se garantizan derechos esenciales como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, el acceso a una educación intercultural bilingüe, la participación en decisiones sobre sus bienes naturales y demás intereses que los afecten y el respeto a su cultura.
Pero en el día a día, esos derechos, en múltiples ocasiones, siguen siendo ignorados. Muchas Comunidades enfrentan desalojos, criminalización, falta de consulta ante proyectos extractivistas que afectan sus territorios, y una exclusión sistemática del sistema educativo, de salud y otros servicios básicos. En otras palabras, siguen siendo negadas, una y otra vez.
Reconocer la preexistencia sin garantizar la existencia digna y con derechos es una profunda deuda que tiene el Estado argentino con los Pueblos Indígenas. No basta con estar en la Constitución, hacen falta decisiones políticas reales, acciones concretas, voluntad de cumplir con lo que ya está escrito.
Los Pueblos Indígenas no piden favores. Reclaman lo que les corresponde. Y seguirán de pie, como lo han hecho siempre, recordando al Estado la promesa que aún no ha cumplido.
