La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la ONU.
Este instrumento internacional reconoce y protege tanto los derechos colectivos como individuales de los Pueblos Originarios: el derecho al territorio y a los bienes naturales; a preservar y fortalecer sus instituciones, cultura, identidad y lenguas; al acceso a la salud y la educación; y a decidir libremente su condición política y su desarrollo económico y social.
La Declaración surge como respuesta al sufrimiento, las masacres y la discriminación que los Pueblos Indígenas han padecido durante siglos, a raíz de la colonización, la esclavitud, el despojo de sus territorios y la negación de su derecho a desarrollarse de acuerdo con sus propias necesidades e intereses.
Con este documento, la ONU buscó concientizar a la sociedad no indígena y generar un marco de respeto y promoción de sus derechos.
El texto reconoce la urgente necesidad de proteger los derechos intrínsecos de los Pueblos Indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas, sociales y culturales; de sus tradiciones espirituales; de su historia y de su filosofía. En particular, subraya el derecho a mantener sus territorios, de los cuales son parte inseparable, pues sin ellos se ven amenazadas su cultura y su supervivencia. Asimismo, refuerza la obligación de los Estados de respetar y cumplir los derechos ya reconocidos en tratados, acuerdos y otros compromisos internacionales.
Hoy, como desde hace siglos, las Comunidades Indígenas continúan organizándose para sostener su propio desarrollo político, económico, social y cultural. Enfrentan la discriminación y la opresión con una lucha incansable, fortaleciendo sus instituciones, culturas y tradiciones, para proyectar un futuro basado en sus aspiraciones y necesidades, y seguir siendo lo que siempre han decidido ser: Pueblos con identidad, dignidad y derechos plenos.
