El 3 de julio de 2001 entró en vigencia en Argentina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país un año antes. Este instrumento internacional constituye una de las principales herramientas legales para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Este importante documento establece principios fundamentales para la relación entre los Estados y los Pueblos Originarios, reconociendo el carácter colectivo y participativo de sus derechos. Promueve el respeto por la autodeterminación, alentando a que las Comunidades Indígenas puedan ejercer el control sobre sus instituciones, formas de vida y procesos de desarrollo, así como conservar y fortalecer sus culturas, lenguas y espiritualidades.
Además, subraya la importancia de los derechos territoriales, tan amenazados hoy; el resguardo de los bienes naturales y la obligación del Estado de garantizar la participación y la consulta previa, libre e informada ante cualquier acción que pueda afectarlas.
Cumplir con este convenio es una obligación asumida por el Estado argentino al ratificarlo, y debería ser honrada con acciones concretas.
