La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, en la provincia de Formosa, manifestó públicamente su rechazo al dictamen emitido por la Procuración General de la Nación en el marco de la causa judicial por la Masacre de Rincón Bomba, ocurrida en octubre de 1947, uno de los crímenes más graves cometidos contra Pueblos Indígenas en Argentina.
“La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá de la Provincia de Formosa, a través de este comunicado quiere manifestar, su preocupación y repudio por el contenido del dictamen de la Procuración General de la Nación respecto del juicio llamado Masacre de Rincón Bomba. Este dictamen desconoce todo lo actuado por jueces federales, fiscales y sobre todo de los testimonios de las víctimas. No reconoce la verdad histórica de los hechos y los derechos que todo el Pueblo Pilagá reclama. Desconoce los principios fundamentales del Sistema Internacional de los Derechos Humanos reconocidos para este tipo de causas”, expresaron desde la Federación.
“Vamos a defender y repetir hasta el cansancio que lo ocurrido en año 1947, fue un Genocidio perpetrado contra el Pueblo Pilagá”, afirmaron.
Ahora el expediente se encuentra en el máximo tribunal del Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la espera de una sentencia justa, equitativa y no discriminatoria. “Próximos a cumplirse 78 años de la masacre, seguimos exigiendo justicia”, aseguraron en el escrito.
Un crimen silenciado por décadas
La Masacre de Rincón Bomba tuvo lugar en octubre de 1947, en la localidad de Las Lomitas, provincia de Formosa. La represión fue ejecutada por fuerzas de Gendarmería Nacional contra cientos de integrantes del Pueblo Pilagá que se habían concentrado por una misión religiosa.
Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones históricas señalan que la represión fue indiscriminada, con el uso de armas de fuego y ametralladoras contra hombres, mujeres y niños. La matanza y la persecución de las familias Pilagá por los montes se extendieron durante varias semanas, separándolos unos de otros, constituyendo un hecho de extrema alevosía. Muchos murieron a medida que pasaban los días debido a las heridas, la sed, el hambre, y otros por fusilamientos dispersos.
Durante décadas, el hecho fue silenciado y negado oficialmente, hasta que en los años 2000 comenzaron a abrirse los primeros reclamos judiciales.
En 2019, el juez federal de Formosa, Fernando Carbajal, dictó una sentencia que reconoció la existencia de la masacre, calificándola como crimen de lesa humanidad, y ordenó reparaciones de tipo económico y simbólico para las Comunidades. Sin embargo, el fallo fue apelado por el Estado Nacional.
En 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia avanzó más allá y reconoció que el Estado argentino cometió un genocidio contra el Pueblo Pilagá.
El dictamen de la Procuración General
En 2025, la Procuración General de la Nación intervino en el expediente FRE 21000173/2006/7/RH1 “Recurso de Queja N°7 – Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá c/ PEN s/ daños y perjuicios”.
En su dictamen, recomendó a la Corte Suprema de Justicia hacer lugar al recurso del Estado Nacional, lo que implicaría dejar sin efecto la condena obtenida por la Federación Pilagá en la Cámara de Resistencia.
Aunque reconoce que “los hechos acreditados en el juicio se encuentran probados como verdad histórica”, la Procuración cuestiona la caracterización jurídica de los mismos:
Sobre la lesa humanidad, sostiene que la sentencia no fundamentó adecuadamente la existencia de un “ataque generalizado o sistemático”, condición necesaria para encuadrar los hechos en esa categoría según el derecho internacional.
Sobre el genocidio, afirma que tampoco se analizó en detalle la existencia de un plan sistemático orientado a la destrucción del pueblo Pilagá.
En relación con las reparaciones, el dictamen también se opone:“Entiendo, pues bien, que, al haber dispuesto las medidas reparatorias en cuestión careciendo de todo fundamento normativo, los jueces de la causa sustituyeron a los poderes políticos en la determinación de políticas públicas que les son propias de acuerdo con el diseño institucional de la república plasmado en nuestro texto constitucional”.
De esta manera, la Procuración recomienda revocar tanto la calificación de genocidio como las reparaciones económicas, aunque deja firme la existencia de la masacre como un hecho histórico comprobado.
La voz de las Comunidades
Noolé, Coprina Palomo, referente del Consejo de la Mujer del Pueblo Pilagá y querellante en la causa, expresó con dolor y preocupación el impacto que esta situación genera en las Comunidades. “Este dictamen de la Procuraduría nos afectó mucho porque realmente creemos que es un retroceso de todos los derechos conquistados que posee nuestro Pueblo Indígena. Hubo dos instancias del Juzgado Federal de Formosa y de la Cámara de Resistencia donde ratificaron este hecho como un genocidio, y nosotros creemos que tenemos derecho a alzar la voz por este genocidio que se calló durante tantos años”.
Asimismo, adelantó que el Pueblo Pilagá realizará acciones de visibilización en octubre, mes en el que se conmemora la masacre: “Creemos que debemos hacer presencia en el Juzgado Federal durante todo el mes. Queremos ser visibles como Pueblo Pilagá, repudiar públicamente este retroceso y exigir que se respeten nuestros derechos nacionales e internacionales”.
A la espera de la Corte Suprema
El expediente se encuentra ahora en el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir si se apega al dictamen de la Procuración General -que no es vinculante- o si ratifica lo resuelto en instancias anteriores, donde se reconoció al hecho como genocidio.
La decisión tendrá un valor histórico y político de enorme trascendencia. Será la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el genocidio cometido contra un Pueblo Indígena en Argentina.
A pocos días de cumplirse 78 años de la Masacre de Rincón Bomba, el Pueblo Pilagá mantiene firme su reclamo: memoria, verdad, reparación y justicia.
