El comunicado difundido por los obispos de la región patagónica -Juan Carlos Ares (Bariloche), Oscar Eduardo Miñarro (Alto Valle de Río Negro), Fernando Croxatto (Neuquén), Esteban María Laxague (Viedma), Ignacio Damián Medina (Río Gallegos), José Slaby (Esquel), Jorge Luis Wagner (Comodoro Rivadavia), Fabián González Balsa (auxiliar de Río Gallegos) y Roberto Pío Álvarez (Rawson)- se inscribe en un clima de profunda preocupación por el rumbo del debate en torno a la posible modificación de la Ley de Glaciares de Argentina.
El pronunciamiento surge tras la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina que, según denuncian, habría estado atravesada por irregularidades, restricciones y prácticas que limitan la participación real de la ciudadanía, en continuidad con lo ya ocurrido en el Senado de la Nación Argentina. En ese marco, los obispos alertan que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático que se repite en la Patagonia cada vez que entran en juego intereses extractivos, especialmente mineros.
Con un tono crítico y alarmante, los referentes eclesiales advierten sobre un deterioro de la vida democrática, donde las voces disidentes son desplazadas, deslegitimadas o directamente silenciadas. Al mismo tiempo, ponen el foco en lo que consideran el trasfondo del conflicto, que es la amenaza sobre bienes esenciales como el agua y los glaciares, cuya protección podría verse debilitada.
