La herida abierta del Pueblo Pilagá

10 de octubre – Masacre de Rincón Bomba

En octubre de 1947, en la localidad de Las Lomitas, Formosa, se produjo un delito de lesa humanidad cometido por el Estado argentino contra Pueblos Indígenas, silenciado en la historia argentina: la Masacre de Rincón Bomba. Durante veinte días, fuerzas federales bajo la primera presidencia de Juan Domingo Perón persiguieron, fusilaron, desaparecieron y violaron a cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños del Pueblo Pilagá.

Todo comenzó meses antes, cuando familias Pilagá caminaron hasta la Compañía El Tabacal, en Tartagal (Salta), propiedad del empresario azucarero Robustiano Patrón Costas, en busca de trabajo. Tras realizar la cosecha, el pago prometido nunca llegó. Ante el reclamo, fueron despedidos. Agotados por la explotación, el hambre y las enfermedades, emprendieron el regreso a su territorio en Las Lomitas.

Los discursos políticos y mediáticos de la época alimentaron el miedo en la sociedad a un supuesto “malón indígena” y a una “sublevación”, creando el clima de hostilidad necesario para después justificar la represión. Mientras los Pilagá se reunían en asamblea espiritual y sanitaria con su líder, Gendarmería irrumpió con más de cien hombres armados. La represión fue feroz: ametralladoras y fusiles dispararon contra personas indefensas. Desde Buenos Aires, la Fuerza Aérea envió aviones para ametrallar desde el aire.

Se estima que más de 500 Indígenas fueron asesinados y alrededor de 200 desaparecieron. Los cuerpos fueron arrastrados, quemados, las mujeres y niñas violadas y los ancianos fusilados a sangre fría. La matanza y persecución de las familias Pilagá por el monte se extendieron durante varias semanas, separándolos unos de otros, constituyendo un hecho de extrema alevosía. Muchos murieron a medida que pasaban los días debido a las heridas, la sed, el hambre, y otros por fusilamientos dispersos.

Los testimonios de los sobrevivientes que se animaron a contar no dejan dudas: fue una masacre, un genocidio.

El largo camino hacia la justicia

Durante décadas la Masacre de Rincón Bomba permaneció negada y silenciada. Recién en 2005, la Federación Pilagá presentó una demanda civil inédita contra el Estado nacional. En el marco de la causa, un equipo forense halló restos de al menos 27 víctimas en el paraje La Felicidad, a 16 km de Pozo del Tigre.

En 2019, el juez federal Fernando Carbajal reconoció la masacre como un crimen de lesa humanidad y ordenó reparaciones simbólicas y económicas, con la inclusión de la fecha en el calendario escolar, becas estudiantiles, un monumento recordatorio y fondos para obras comunitarias. Un año más tarde, la Cámara Federal de Resistencia fue más allá y calificó los hechos como genocidio.

Un dictamen con sabor amargo

En 2025, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen que puso en riesgo todos los avances conseguidos. Aunque reconoció la masacre como un hecho histórico probado, cuestionó su calificación como delito de lesa humanidad y como genocidio. Además, objetó las medidas reparatorias, argumentando que no correspondía al Poder Judicial definir políticas públicas. En los hechos, el dictamen propone revocar tanto la calificación de genocidio como las reparaciones económicas.

La respuesta del Pueblo Pilagá

La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá expresó públicamente su rechazo:

“Este dictamen desconoce todo lo actuado por jueces federales, fiscales y sobre todo de los testimonios de las víctimas. No reconoce la verdad histórica ni los derechos que nuestro Pueblo reclama. Vamos a defender y repetir hasta el cansancio que lo ocurrido en 1947 fue un Genocidio perpetrado contra el Pueblo Pilagá”.

Noolé, Cipriana Palomo, referente del Consejo de la Mujer Pilagá y querellante en la causa, remarca:

“Este dictamen nos afectó mucho porque es un retroceso en todos los derechos conquistados. Dos instancias judiciales ya reconocieron la masacre como genocidio, y nosotros tenemos derecho a alzar la voz por este genocidio que se calló durante tantos años”.

El expediente se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir si ratifica lo resuelto en instancias anteriores o si sigue la recomendación de la Procuración General. La decisión será histórica ya que marcará si la justicia argentina reconoce el genocidio.

Hoy, al cumplirse 78 años de la Masacre de Rincón Bomba, el Pueblo Pilagá sostiene su demanda de memoria, verdad, reparación y justicia. La herida sigue abierta, y este reclamo, junto al de los territorios ancestrales, continúa.

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