La Iglesia Argentina manifiesta, una vez más, su preocupación ante la nueva legislación que se está discutiendo en el Congreso nacional que afecta el derecho a la propiedad comunitaria de los Pueblos Indígenas y el derecho a la tierra de las comunidades criollas y de los asentamientos urbanos. La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) desde su compromiso pastoral con los Pueblos Indígenas, expresa su profundo rechazo y preocupación ante las acusaciones, denuncias, descalificaciones, hostigamientos y señalamientos públicos dirigidos contra defensores de derechos humanos y de los territorios tales como los integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), por sus tareas de acompañamiento a la Comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado II, como a los líderes Indígenas defensores de sus territorios.
Ante las afirmaciones que públicamente pretenden presentar a integrantes de la Pastoral Aborigen como responsables, instigadores u organizadores de supuestos hechos delictivos, desmentimos categóricamente tales acusaciones y rechazamos toda denuncia que no se encuentre respaldada por hechos y pruebas concretas. Como Iglesia queremos manifestar con claridad que acompañar pastoralmente a una comunidad indígena no puede derivar en una persecución penal.
Escuchar, estar presentes, acompañar sus procesos, defender su dignidad, promover el diálogo y contribuir a que sus derechos sean respetados constituye una tarea pastoral y una expresión concreta del compromiso cristiano con quienes históricamente han sufrido situaciones de vulnerabilidad, exclusión y despojo. Quienes integran los equipos de Pastoral Aborigen no actúan clandestinamente ni a título personal. Su presencia en los territorios forma parte de una misión pastoral sostenida por la Iglesia y desarrollada durante décadas junto a los Pueblos Indígenas.
El comunicado completo:
