El 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución Nacional Argentina, expresión de garantía de derechos en la Nación. Desde los primeros intentos de fundación del país, como la Constitución del Primer Gobierno Patrio y más adelante la declaración de la independencia, los Pueblos Indígenas estuvieron presentes, como se verifica, por ejemplo, en el Acta de Independencia, traducida en lenguas indígenas.
Nuestra historia está entrelazada directamente con los Pueblos Originarios. Uno de los capítulos más trascendentales se vivió en el año 1994 cuando se llevó adelante la reforma constitucional, en donde se incorporaron los derechos indígenas a la Carta Magna, brindando a las Comunidades un merecido respaldo legal después de 141 años de dictada la Constitución de 1853 y sus reformas.
El texto del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, incluido desde ese momento, establece que corresponde al Congreso:
-Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas en Argentina.
-Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
-Reconocer la personería jurídica de sus Comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
-Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
-Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos, asegurando, al sacar estos territorios del comercio, que permanezcan en propiedad de las Comunidades.
-Por último, asegurar la participación de los Pueblos Indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Mediante esta afirmación constitucional se comenzó a saldar parte de la deuda histórica de la Nación Argentina con los Pueblos Indígenas. El reconocimiento de su preexistencia es la base jurídica de sus reclamos y luchas.
Este 1 de mayo reflexionamos sobre los derechos y garantías humanas, territorios indígenas y la observancia de los valores democráticos que pregonamos como país.
