Crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino contra el Pueblo Pilagá.
En octubre de 1947 cientos de familias pertenecientes al Pueblo Pilagá regresaron de trabajar en los ingenios azucareros de Salta, donde habían sido estafadas por el ingenio San Martín del Tabacal, de Patrón Costas. Se reunieron en La Bomba -a pasos de Las Lomitas, a escasos metros del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional- para realizar rituales espirituales.
Esos momentos los fortalecían, ya que volvían de cortar caña y de realizar desmontes soportando explotación y tratos inhumanos por parte de los capataces. Allí permanecieron varios días mientras conversaban y debatían sobre su situación en absoluta paz.
Sin embargo, los intereses económicos y políticos de la época llevaron a la tragedia.
Durante los primeros días de octubre de 1947, la gendarmería intentó desalojar el lugar. El 10 de octubre, efectivos de la fuerza federal dispararon con fusiles y ametralladoras pesadas contra la multitud, matando a más de 500 personas y dejando alrededor de 200 desaparecidos. Todo fue tapado y silenciado.
La matanza y la persecución de las familias Pilagá por los montes se extendieron durante varias semanas, constituyendo un hecho de extrema alevosía. Muchos murieron a medida que pasaban los días debido a las heridas, la sed, el hambre, y otros por fusilamientos dispersos.
Durante la segunda mitad del mes de octubre se multiplicaron las capturas, se utilizó la violación como arma y se asesinó no solo a adultos sino también a niños. Los medios de comunicación de la época difundieron noticias falsas, hablaban de “levantamiento Indígena”, “malón indio atacando y asaltando al Pueblo de Las Lomitas” y otras más que los acusaban de usar armas de fuego.
Luego de ser capturadas, las últimas familias fueron reducidas a labores rurales en peores condiciones que las que venían trabajando. En tanto, sus territorios fueron masivamente ocupados. Desde ese momento, y por muchos años, reinó el ocultamiento de estos oscuros hechos ocurridos en democracia argentina.
La justicia tan largamente esperada, pero incompleta
En abril del año 2005, la Federación Pilagá inició una demanda civil contra el Estado nacional, reclamando una indemnización económica por la masacre. Fue presentada en el Juzgado Federal de Formosa, a cargo del juez Mario Bruno Quinteros, poseyendo características inéditas en el derecho argentino. Recibida la presentación, el juez encomendó a un equipo forense la búsqueda de restos humanos en el paraje La Felicidad, a 16 kilómetros de Pozo del Tigre, hallándose al menos 27 cadáveres compatibles con el hecho denunciado.
El 6 de julio de 2019 el juez federal Fernando Carbajal sentenció que este hecho se trató de un “delito de lesa humanidad” y ordenó medidas de reparación hacia el Pueblo Pilagá, ordenando al Estado nacional invertir en las obras que soliciten las Comunidades, otorgar becas estudiantiles por diez años, fijar la fecha de la masacre en el calendario escolar y construir un monumento recordatorio, entre otras acciones. Sin embargo, para la Federación Pilagá estos resarcimientos resultan insuficientes.
En octubre de 2021 la Cámara Federal de Resistencia confirmó la sentencia de primera instancia y agregó el término genocidio para referirse a la masacre. No obstante, fue apelada nuevamente por los demandantes a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque “no se ordenó el pedido de perdón del Estado y se mantuvieron los mismos montos de reparación económica que son desproporcionados en relación con los casos del terrorismo de Estado” de la última dictadura.
En tanto, la causa penal fue archivada tras la muerte del único imputado sobreviviente –el copiloto Carlos Smachetti- cuando estaba procesado con prisión preventiva y a punto de ser llevada a juicio en 2016. La secretaría penal del mismo juzgado debe resolver ahora si hace lugar al pedido de que se realice un “juicio de la verdad” tal como fue solicitado en 2021.
Aún queda mucho camino por seguir, ya que la vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas sigue siendo una problemática absolutamente vigente.
