La violencia y el despojo sobre los territorios y Comunidades Indígenas en la región del Gran Chaco fue un proceso de sometimiento complejo y de larga duración, iniciado en la década de 1870 y terminando hacia fines de la década de 1930. En este período de subyugamiento y persecución se desarrollaron diversas estrategias militares, perjudicando enormemente a los Pueblos Qom, Pilagá, Wichí, Mocoví, Nivaĉle, Tonocoté, Chané y Tapieté.
Las decisiones del gobierno argentino de avanzar militarmente sobre los Pueblos Indígenas fueron tomadas en el seno del Congreso de la Nación, pero no fueron un mero “producto de la época”, tal como se intentó contar a través de la historiografía oficial, sino que tuvo oposiciones dentro de los debates que se daban en el ámbito legislativo y que denunciaban estas violencias.
Las Comunidades quedaron privadas del acceso a las costas de los ríos Bermejo y Salado, así como a las a las cañadas del Paraná y sus afluentes: fundamentalmente, se vio reducido su acceso a los montes para cazar y recolectar. Privados de estos bienes naturales, miembros de los Pueblos se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo profundizando un prolongado proceso de proletarización que incluía a su vez extrema explotación y precarización.
Estas campañas militares en el Gran Chaco produjeron una incorporación violenta a través de la coacción física y económica de las Comunidades, quienes se vieron privadas de continuar con sus condiciones ancestrales de existencia basadas en su modo de vida armónico con su entorno, debiendo incorporarse a la industria del algodón, el obraje y el azúcar, entre otros comercios.
Hoy el saqueo continúa en contra de las Comunidades, en favor de un sistema que solo busca ganancias económicas en desmedro del desarrollo consciente y armonioso que proponen los Pueblos Indígenas.
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5 de diciembre -1884 CONQUISTA Y SAQUEO EN NOMBRE DE LA CIVILIZACIÓN
