Desde la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) denunciaron que la mañana del 19 de octubre, el Estado paraguayo, mediante la actuación irregular de la Fiscal Norma Salinas y de cientos de agentes de la Policía Nacional, volvió a violar los Derechos Humanos Indígenas desalojando ilegalmente de su territorio a la Comunidad 15 de enero, ubicada en Nueva Toledo, Departamento de Caaguazú. El procedimiento dejó varias personas heridas que aún no fueron asistidas adecuadamente, además, varios Indígenas fueron detenidos, entre ellos el líder de la Comunidad.
“Este hecho viola la Constitución Nacional que en su Capítulo 5to reconoce la existencia previa de los Pueblos Indígenas y garantiza los derechos territoriales inviolables de los mismos; así también esta práctica reiterativa por parte del Estado paraguayo representa una violación a varias normas y compromisos internacionales que el país se comprometió a respetar”, indicaron desde ANIVID, a la vez que mencionaron, “hacemos responsables de esta violación de nuestros derechos como Pueblos Indígenas, al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez y a los titulares del Instituto Paraguayo del Indígena y del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, entre otras autoridades que no cumplen con sus funciones y no respetan la ley”.
Hace apenas una semana, en el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, el Estado paraguayo, mediante los representares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se comprometía a mantener un trabajo permanente para garantizar la vigencia de los derechos de los Pueblos Indígenas, derechos que están directamente vinculados al acceso a la tierra y el territorio.
Uno de los puntos centrales de ese acuerdo de diálogo era el cese de los desalojos y de las persecuciones contra las Comunidades Indígenas. “Hoy vemos como pisotean el compromiso firmado y continúan las prácticas de discriminación y atropello contra nuestras Comunidades.
Las autoridades siguen defendiendo los intereses de unos pocos, de grandes terratenientes, de usurpadores de tierras públicas y violadores del territorio indígena”, expresaron desde la Articulación Nacional Indígena.
“Exigimos el inmediato regreso de la Comunidad 15 de enero, del Pueblo Mbya Guaraní, a las tierras que ocupan hace más de una década y que son parte del hábitat tradicional del Pueblo Mbya. De la misma forma solicitamos la inmediata liberación de los detenidos y el fin de las persecuciones y desalojos contra nuestras Comunidades Indígenas”, exhortaron, y agregaron, “las Instituciones responsables de esta situación deben tomar cartas en el asunto de forma inmediata, particularmente el Instituto Paraguayo del Indígena, que debió haber evitado esta violación de derechos, y que actualmente debe asistir de forma inmediata a las familias afectadas”.
“Llamamos una vez más a la sociedad en general a expresar su solidaridad con los Pueblos Indígenas ante la exclusión, el racismo y los atropellos que sufrimos por parte de las autoridades. Exigimos el respeto a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos de los Pueblos Indígenas”, indicaron desde ANIVID.
“Reiteramos una vez más que por el solo hecho de nuestra existencia, los Pueblos indígenas que habitamos el Paraguay, tenemos derecho a vivir libre y dignamente en nuestro hábitat tradicional”, finalizaron.
¡Sin territorio no hay vida digna!
