La Pastoral Ecológica de la Diócesis de Orán, inspirada en el legado del Papa Francisco y en conocimiento del avance del megaproyecto del Corredor Bioceánico de Capricornio -que atravesará territorios habitados principalmente por Comunidades Indígenas y familias campesinas- expresó su profunda preocupación por la escasa información disponible, por la ausencia de consultas previas a los Pueblos Originarios potencialmente afectados y por los posibles impactos ambientales, culturales y sociales que la iniciativa podría generar.
Desde la Pastoral señalaron que, como producto de acuerdos internacionales, el Corredor se presenta como una oportunidad para mejorar la conectividad, promover el comercio intrarregional y fortalecer el desarrollo productivo de las economías regionales. Sin embargo, advierten que, “si bien el Corredor Bioceánico tiene potenciales beneficios económicos, podría acarrear impactos ambientales y sociales negativos, cuyas consecuencias serían dramáticas en una región con un delicado equilibrio ecológico y declarada en emergencia socio-sanitaria”.
En ese sentido, recuerdan la vigencia de normativas clave como la Ley Nacional General del Ambiente N° 25.675, la Ley Provincial N° 7070 de Protección del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario N° 3097, además del Manual de Gestión y Evaluación de Obras Viales de la Dirección de Vialidad de la Nación.
Remarcan que, “estas normativas exigen que las obras cuenten con sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental y Social completos, públicos y participativos”.A ello suman la obligatoriedad impuesta por el Acuerdo de Escazú -tratado ambiental de América Latina y el Caribe, ratificado por Argentina y jurídicamente vinculante- que demanda “información accesible, evaluación ambiental rigurosa y participación ciudadana antes del inicio de obras de alto impacto”.
Recuerdan también que el Convenio 169 de la OIT, incorporado por Ley N° 24.071, establece la exigencia de realizar “procesos de consulta previa a las Comunidades Indígenas cada vez que una medida pueda afectarles, conforme a estándares de buena fe, libertad, información suficiente, accesibilidad, representatividad y adecuación cultural”.
La Pastoral enmarca estas preocupaciones en las orientaciones de la Iglesia Católica respecto a la crisis socioambiental, especialmente en la Encíclica Laudato Sí, donde el Papa Francisco plantea principios fundamentales sobre la responsabilidad estatal y la cooperación internacional. También mencionaron la encíclica Laudate Deum, que refuerza “la responsabilidad de los Estados ante proyectos de alto impacto” y el llamado a una “conversión ecológica para el cuidado de la Casa Común y el respeto por la vida en todas sus manifestaciones”, con especial atención a Comunidades Indígenas y familias campesinas directamente vinculadas al entorno natural.
En ese marco, afirman que, “como Iglesia comprometida con el cuidado de la Casa Común recogemos las preocupaciones que escuchamos en las diferentes comunidades de la región y alertamos sobre los posibles riesgos de tamaña iniciativa”. A la vez, subrayan que el proyecto del Corredor “debe contar con suficiente información, transparencia, diálogo y protección efectiva de los territorios y comunidades, y que cualquier lineamiento de desarrollo económico debe ir intrínsecamente unido a objetivos de sostenibilidad ecológica a largo plazo”.
Sostienen, además, que las consultas previas a Comunidades Indígenas y criollas, los mecanismos de participación pública ambiental y las evaluaciones ambientales (individuales y estratégicas) “son herramientas claves que deben priorizarse y efectuarse desde las fases iniciales del proyecto”.
Finalmente, hacen un llamado al cumplimiento integral de las normativas ambientales vigentes y a la puesta en marcha de los mecanismos participativos correspondientes. En esa línea, solicitan:
– “Que se publiquen los estudios ambientales ya realizados, así como las audiencias públicas en Salta y Jujuy relativas a las obras que se encuentran en marcha”.
– “Que se promuevan y planifiquen estudios de impacto socioambiental estratégicos que consideren la escala global del proyecto del Corredor, especialmente en lo relacionado con el agua, la biodiversidad y la afectación de los territorios”.
– “Que se garantice en todas las fases del proyecto la aplicación de estándares de prevención y persecución previstos en las convenciones internacionales y en la legislación argentina vigente, especialmente en lo relativo al narcotráfico, la trata de personas, la seguridad vial, los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones locales, y el cuidado de la Casa Común”.
El comunicado:
