Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen aseguran que es “la historia de nunca acabar”. Otra vez, la familia que a fines de julio intrusó el territorio de la Comunidad Mbokajaty, en San Ignacio, Misiones, y luego debió retirarse tras la firmeza de la Comunidad, volvió a instalarse a pocos metros del sector en el que estuvieron antes, pero esta vez llevaron consigo muchas más pertenencias.
“El hecho es inaceptable por donde se lo mire, y el manejo por parte de las autoridades, nefasto. Desde un principio la situación fue inmoral y no solo se pasó por encima los derechos indígenas, sino que además se buscó responsabilizarlos del problema habitacional de una familia vulnerable”, aseguran desde EMiPA.
Lo que sucedió fue que, el 27 de julio, una mujer y un hombre se instalaron en su territorio junto con tres niñas (y un perro muy agresivo), quienes, además, manifestaron haber sido llevados allí por la Comisaría de la Mujer. Dicho territorio fue relevado en el marco de la Ley 26160, que implica el pleno reconocimiento estatal de la posesión ancestral indígena sobre el mismo.
Desde entonces, la Comunidad intentó resolver la situación de manera pacífica, pero no quisieron escucharlos. Luego se presentó una denuncia y una posterior ampliación, pero cuando los agentes policiales llegaron a la Comunidad, lejos de resolver el conflicto, trataron a los Mbya de usurpadores. “Esta vez no fue diferente. La historia se repitió tal cual”, sostienen desde el Equipo.
Mientras tanto, un funcionario de Acción Social de la Municipalidad, César Ramírez, intercambió mensajes de texto con el Mburuvicha, pero no se presentó en el lugar para mediar la situación.
Tras haber hecho público el caso, junto con otro funcionario se acercó a la Comunidad y ambos se comprometieron a darle una solución al problema.
El último recurso fue la presentación de una nota al intendente, Esteban Romero, en la que denunciaron todo lo ocurrido y solicitaron intervención urgente. “No se puede trasladar a nuestra Comunidad una responsabilidad que no nos cabe, esto es resolver un problema habitacional. Estas personas fueron incentivadas irresponsablemente para la ocupación como forma de eximir al Estado, en este caso municipal, de su obligación de brindarles condiciones dignas de vida o recursos para la subsistencia”, habían declarado en la nota presentada, que nunca fue respondida.
Finalmente, días después y tras haber soportado agresiones, discriminación, presiones y amenazas, la resistencia de la Comunidad logró que reacomodaran a la familia en otro sitio. Cuando las aguas se aquietaron, volvieron. Otra vez Mbokajaty resiste y lucha.
Corte al acceso al Teyu Cuare y espera de respuesta del municipio
El lunes 21 de septiembre, miembros de la Comunidad decidieron llevar adelante esta medida de fuerza frente al atropello constante a su territorio legítimamente indígena, que está siendo intrusado por una familia no indígena que se instaló por segunda vez en lo que va del año.
“La policía sin poder resolver nada, porque no tienen las herramientas para hacerlo más que ir al lugar y pararse a demostrar su ineficacia e ignorancia en derechos indígenas, y el Pueblo Mbya, una vez más, poniendo el cuerpo para defender su territorio”, expresaron desde EMiPA.
“No vamos a parar. Van a venir de varias Comunidades. Tienen que solucionar esto, porque nos vamos a quedar el tiempo que haga falta hasta que esto se arregle, se tienen que retirar”, afirmó Kerechu, una mujer de la Comunidad Mbokajaty.
Esta vez, quienes ingresaron al territorio comunitario, trajeron camiones cargados con sus pertenencias, dando por seguro que piensan quedarse. “No es responsabilidad de los mbya resolver un problema habitacional de este tipo. No es una guerra para ver quién es más vulnerable. Los Pueblos indígenas tienen derechos constitucionales sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, y es el Estado, a través de sus diferentes organismos, el que debe garantizarlo. No pueden solucionar un problema de vivienda a costa de usurpaciones”, dicen desde el Equipo de Pastoral.
Mbokajaty esperó durante todo el día a que la Municipalidad de San Ignacio se haga presente con una solución definitiva, en una medida de fuerza que consideran “es producto de la desidia gubernamental”.
El Director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, asentando la posición de la provincia de Misiones sobre el relevamiento territorial, se comprometió a traer una solución del juzgado. Mientras tanto, la Comunidad dio una tregua al corte hasta tanto este vuelva. Hasta el momento no surgió ninguna novedad al respecto, tampoco desde el juzgado.
La Comunidad continuará con su lucha y su resistencia firme, defendiendo el monte, que es su hogar.
Con información de EMiPA.
