Un juez ordenó detener la orden de desalojo a la Comunidad del Pueblo Comechingón en Córdoba
Luego de la realización de una audiencia pública en los tribunales de Jesús María el 21 de julio -en razón de la pretensión de ejecutar una sentencia de desalojo de la Comunidad Pluma Blanca de su Territorio Ancestral- finalmente el juez Luis Belitzky ordenó no librarla hasta tanto no se cumplan todos los pasos administrativos judiciales por parte de la Comunidad.
Fueron la movilización social, la firmeza de Comunidades y Organizaciones Indígenas y aliadas en conjunto con la participación de profesionales las que posibilitaron esta decisión que trae un poco de alivio en Pluma Blanca.
En la audiencia pública participaron miembros de la Comunidad, representantes del Pueblo Comechingón ante el Consejo de Participación Indígena (CPI), integrantes de diversas instituciones y organizaciones, abogados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), docentes, filósofos, antropólogos, historiadores, miembros del Instituto de Culturas Aborígenes, representantesdel Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI), así comode las Facultades de Ciencias Sociales, de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y funcionarias del Ministerio de la Mujer de Córdoba, quienes se encuentran acompañando a la Comunidad ante las violencias externas sufridas con la intención de expulsarla de su territorio.
Allí se expusieron perspectivas sociales, antropológicas, arqueológicas, históricas,espirituales y jurídicas, relacionadas directamente con la preexistencia de la Comunidad. Investigadores y docentes coincidieron en que la disputa en que se ve envuelta la Comunidad “Pluma Blanca” se debe emplazar en otro marco de interpretación.
El Nahuan de la Comunidad, Carlos López, planteó su visión, sus experiencias y sentires acerca de la larga situación de hostigamiento, discriminación y violencia sobre su familia y su territorio. La familia López pertenece a la Comunidad “Pluma Blanca” y vive en el territorio desde hace décadas, dedicándose a tareas del campo, con espacios de biodiversidad importantes, donde se encontraron objetos y restos óseos de alto valor cultural y arqueológico.
El magistrado afirmó que, por el momento, no firmará el lanzamiento hasta que no visite las tierras o bien reciba una orden de un Tribunal Superior. En este sentido, Belitzky aseguró que “si bien la orden de lanzamiento está firme” no firmará su ejecución ya que “eso puede causar perjuicio evidente de continuar con la ejecución si existen circunstancias que, revisadas en segunda instancia, demuestran ser desajustadas a derecho”. No obstante, esta disposición del Juez no se fundamenta en la Ley 26160 ni en ninguna normativa del Derecho Indígena, lo que demuestra una falencia en la concepción judicial del tema.
La situación de “Pluma Blanca” no es un caso aislado, sino que es parte de una política de Estado que prioriza los intereses del extractivismo y del negocio inmobiliario, reproduciendo prácticas colonialistas que van en contra de las Comunidades que defienden su territorio. En este caso, la organización y la exposición acertada del caso permitieron un respiro, aunque saben que no deben bajar la guardia.