Diversas organizaciones que acompañan a Pueblos Indígenas y campesinos elaboraron un comunicado manifestando preocupación ante los cambios normativos que se impulsan, especialmente a través del DNU 70/2023 y el denominado proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” por parte del Poder Ejecutivo Nacional. “Los mismos afectan sustancialmente nuestro estado de derecho, nuestro sistema constitucional vigente, especialmente a los sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad, como son los pueblos indígenas, a quienes acompañamos en sus reclamos, especialmente en la materialización de sus derechos territoriales”, indican.
Desde Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ASOCIANA, Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas, Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), Fundación Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Cultura Popular (Incupo), la Junta Unida de Misiones (JUM) y la Red Agroforestal Chaco Argentina, mencionan “reivindicamos y exigimos más que nunca el cumplimiento del rol del Estado como garante de los derechos y que en base los principios de progresividad, universalidad e interdependencia, irreversibilidad, que los rige y sustenta, decimos que no aceptaremos un paso atrás en materia de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, renovando nuestro compromiso en el acompañamiento de sus luchas y sus resistencias”.
En el documento denuncian que “la emergencia en materia territorial de los Pueblos Indígenas se mantiene, requiriendo mayores compromisos y decisiones del Estado Nacional para superarlo. El solo paso del tiempo no implica que cesen las condiciones que hicieron necesaria la sanción de la Ley 26.160, es necesario continuar y profundizar las políticas públicas que hagan posible el acceso y seguridad de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios, derechos e intereses. Seguimos exigiendo la culminación de los relevamientos territoriales y titularización de los territorios, para ello consideramos fundamental el sostenimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con los recursos necesarios para lograr este cometido”.
