Los Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil abajo firmantes, expresamos nuestra preocupación y condena ante la sistemática violación de los derechos de los Pueblos y Naciones Indígenas por parte del Estado argentino. Violentamientos que, en estos últimos tiempos, se han recrudecido y fomentado desde diversos sectores del arco político, judicial, mediático y económico.
El Estado nacional pretende desconocer derechos constitucionales (Art. 75 inc. 17, 19 y 22 de la Constitución Nacional) y convencionales de los Pueblos Indígenas (Convenio N° 169 de la OIT -Ley 24.071-, y Declaraciones de Naciones Unidas y Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritas en 2007 y 2016, respectivamente).
Lamentablemente el gobierno actual continuó y profundizó los discursos estigmatizantes, discriminatorios y racistas contra los Pueblos Originarios, propiciando un clima de inseguridad jurídica y vulnerabilidad al poner en duda la legitimidad de los derechos de los Pueblos Indígenas y sus integrantes.
Producto de ello, se fueron dando hechos reprochables como los violentos y forzados desalojos a las Comunidades de sus territorios ancestrales sin respetar la Ley de Emergencia Territorial Indígena, así como la escalada de violencia institucional y la criminalización de las Comunidades Indígenas a lo largo y ancho de toda la Argentina.
