El 19 de julio de 1924, cientos de mujeres, niños y hombres de los Pueblos Qom y Mocoví fueron asesinados por la policía chaqueña, grupos estancieros y otros miembros de la sociedad envolvente cuando reclamaban una paga justa por su empleo en la cosecha de algodón de los grandes terratenientes.
En julio de ese año las Comunidades se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de que eran objeto. Planeaban ir a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, pero el gobernador Fernando Centeno, con el acuerdo del presidente Marcelo T. de Alvear, les prohibió abandonar la provincia y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El argumento oficial fue una supuesta “sublevación”.
Durante la mañana del 19, un grupo de unos ciento treinta hombres fuertemente armados entre policías, terratenientes y civiles, rodearon el campamento donde se habían reunido las Comunidades Indígenas en protesta mientras estas danzaban en una celebración religiosa. Tronaron los rifles y las ametralladoras, los atacantes los sorprendieron disparando a mansalva, nadie dentro se pudo defender, no estaban armados.
Luego de más de media hora de fusilamiento, los atacantes entraron a la “alojada” para rematar a machetazos y hachazos a quienes quedaban vivos, muchos moribundos. Los heridos fueron degollados, amputados y algunos colgados.
Lentitud en la reparación histórica
Sobre la sentencia que definió el juicio por la Masacre de Napalpí que, el 19 de mayo de 2022 probó que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los Pueblos Indígenas, Victorio Ramírez, miembro del Pueblo Qom expresa, “desde el grupo Renacer de Napalpí exigimos que la sentencia se cumpla efectivamente. Estamos esperando todavía, el Estado tiene que garantizar la calidad de vida de las Comunidades, que sea una reparación verdadera. Hicimos muchos aportes, pero todavía no los vemos plasmados. Seguiremos contribuyendo hasta que llegue realmente una reparación”, asegura Ramírez.
Lamentablemente, la reparación histórica prevista en el fallo no ahondó en el mayor reclamo de las Comunidades Indígenas, que es asegurar su espacio territorial ancestral. No se mencionó como medida reparatoria la restitución de los territorios indígenas despojados, tampoco se refirió al incumplimiento de la Ley 26.160 -que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas Originarias, impide los desalojos y ordena un relevamiento técnico, jurídico y catastral de sus territorios- por parte del Estado, siendo muchas Comunidades víctimas de constantes desalojos de sus propios territorios.
La masacre de Napalpí fue un delito de lesa humanidad, una de las acciones violentas más atroces por parte del Estado argentino hacia los Pueblos Indígenas, que no hizo más que reclamar los derechos que le correspondían.
