Se cumplen 21 años de la ratificación, por parte del Estado argentino, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este Convenio constituye hoy una de las herramientas jurídicas más importante para la defensa de los Derechos Indígenas.
Establece la forma en que el Estado debe relacionarse con los Pueblos Indígenas. Se divide en nueve apartados: política general, contratación y condiciones de empleo, formación profesional, artesanías e industrias populares, seguridad social y salud, educación y medios de comunicación, contactos y cooperación por medio de las fronteras, administración y disposiciones generales, y finales.
Este convenio enfatiza en el derecho de los Pueblos Indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, a disponer de sus territorios, a la defensa de los bienes naturales que hay en ellos y a la consulta previa ante cualquier iniciativa o medida que pueda afectarlos.
Los Pueblos Indígenas presentan actualmente los peores indicadores socioeconómicos y de discriminación por origen étnico o racial. En este sentido, el Convenio 169 constituye una pieza clave en la acción de la OIT a favor de la justicia social.
Al ratificarlo, el Estado se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en su articulado. Asimismo, se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT sobre su aplicación en la práctica y en la legislación, también a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control.
El Convenio 169 de la OIT es el único instrumento jurídico de carácter internacional que protege, promueve y propaga los derechos humanos, laborales y económicos de los Pueblos Indígenas, por eso es de fundamental importancia que el Estado lo tenga en cuenta, en cada uno de sus aspectos, en la toma de decisiones.
