Según un informe del brasilero Conselho Indigenista Missionário (CIMI), entidad aliada al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), las invasiones a territorios indígenas volvieron a aumentar en 2021, en un contexto de violencia y ofensiva contra los derechos de las Comunidades Originarias.
El incremento de asedio y ataques contra Comunidades y líderes indígenas y la intensificación de los conflictos reflejaron, en los territorios, el ambiente institucional de ofensiva contra los derechos constitucionales de los Pueblos Originarios. Así lo señala el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil – datos 2021.
“En su tercer año, el gobierno de Jair Bolsonaro mantuvo la directriz de paralización de la demarcación de tierras indígenas y omisión total en relación a la protección de tierras ya demarcadas. Si desde el punto de vista de la política indígena oficial esta postura representó una continuidad en relación a los dos años anteriores, desde el punto de vista del pueblo representó el agravamiento de un escenario que ya era violento y atroz”, indica el CIMI.
La consecuencia de esta postura fue el aumento, por sexto año consecutivo, de los casos de “invasiones posesorias, explotación ilegal de recursos y daños a la propiedad”. En 2021 el CIMI registró 305 casos de este tipo, que afectaron al menos 226 territorios indígenas en 22 estados del país.
En el año anterior, 263 casos de usurpación afectaron 201 territorios en 19 estados. El número de casos en 2021 es casi tres veces mayor que el registrado en 2018, cuando se registraron 109 casos de este tipo.
“Además del incremento cuantitativo de casos y tierras afectadas por la acción ilegal de mineros, madereros, cazadores, pescadores y usurpadores de tierras, entre otros, los invasores intensificaron su presencia y la brutalidad de su accionar en los territorios indígenas. Esta situación fue explícita en casos como el de los Pueblos Munduruku en Pará y los Pueblos Yanomami en Roraima y Amazonas”, detallan.
“En la tierra indígena Yanomami, donde se estima que hay más de 20.000 mineros, los invasores comenzaron a realizar ataques armados sistemáticos contra las Comunidades Indígenas, sembrando un clima de terror y causando muertes, incluidos niños”, denuncian y agregan “ataques criminales, con armas de grueso calibre, fueron denunciados reiteradamente por los Indígenas, e ignorados por el gobierno federal, que siguió fomentando la minería en estos territorios. Las minas, además, sirvieron como vector de enfermedades como el Covid-19 y la malaria para los Yanomami”.
Agregan que “en Pará, mineros que trabajan ilegalmente en Mundurukú atacaron la sede de una asociación de Mujeres Indígenas, intentaron impedir el desplazamiento de líderes del Pueblo a manifestaciones en Brasilia, amenazaron de muerte e incluso quemaron la casa de una líder, en represalia por su posición contra la minería en el territorio. Mientras ocurrían estas acciones, la Tierra Indígena Mundurukú seguía siendo devastada, con ríos y arroyos destruidos por las maquinarias pesadas utilizadas en la extracción ilegal de oro”.
En este sentido, el informe registró un aumento en 15 de las 19 categorías de violencia sistematizadas por la publicación en relación al año anterior, y una enorme cantidad de vidas indígenas interrumpidas. Hubo 176 asesinatos de miembros de Comunidades Indígenas, solo seis menos que en 2020, que registró la mayor cantidad de homicidios desde que el CIMI comenzó a contabilizar estos datos con base en fuentes públicas, en 2014. La cifra de suicidios de Indígenas en 2021, 148, fue la más alta.
El contexto general de ataques a territorios, líderes y Comunidades Indígenas, según se visibiliza, está relacionado con una serie de medidas del Poder Ejecutivo que favorecieron la explotación y apropiación privada de territorios indígenas y la actuación del gobierno federal y su base aliada para aprobar leyes tendientes al desmantelamiento de la protección constitucional a las Comunidades y sus territorios.
Violencia contra el Patrimonio
El primer capítulo del informe reúne la violencia contra el Patrimonio de los Pueblos Indígenas, dividida en tres categorías. En este apartado se registraron los siguientes datos: omisión y retraso en la regularización de tierras (871 casos); conflictos relativos a derechos territoriales (118 casos); e invasiones posesorias, explotación ilegal de bienes naturales y daños diversos a la propiedad (305 casos). Los registros suman así un total de 1.294 casos de violencia contra el patrimonio de los Pueblos Indígenas en 2021.
A pesar de varias acciones del Ministerio Público Federal, este fue el tercer año en que el Presidente de la República cumplió su promesa de no demarcar ninguna tierra indígena. Una actualización de la base de datos de Tierras Indígenas y Demandas Territoriales del CIMI identificó que, de las 1.393 tierras indígenas en Brasil, 871 (62%) siguen pendientes de regularización. De estas, 598 son áreas reclamadas por Pueblos Indígenas que no cuentan con ninguna acción estatal para iniciar el proceso de demarcación.
Violencia contra la Persona
En cuanto a los casos de Violencia contra la persona, que se sistematizan en el segundo capítulo del informe, se registraron los siguientes datos: abuso de poder (33); amenaza de muerte (19); diversas amenazas (39); asesinatos (176); muerte por negligencia (20); daño corporal intencional (21); racismo y discriminación étnico-cultural (21); tentativa de asesinato (12) y violencia sexual (14).
Los registros suman 355 casos de violencia contra Indígenas en 2021, la cifra más alta registrada desde 2013, cuando se cambió el método de conteo de casos. En 2020 se habían catalogado 304 casos de este tipo.
Los estados que registraron el mayor número de asesinatos de Indígenas en 2021, según datos del Sistema de Información de Mortalidad y las secretarías estatales de salud, fueron Amazonas (38), Mato Grosso do Sul (35) y Roraima (32). Los tres estados también registraron la mayor cantidad de asesinatos en 2020 y 2019.
Entre los casos que se destacan, en este contexto, se encuentran dos asesinatos de Indígenas del Pueblo Tembé, en la Tierra Indígena Alto Río Guamá, en Pará. Isac Tembé, docente de 24 años, fue asesinado por policías militares cuando cazaba con otros jóvenes de su Pueblo en una zona cercana a su territorio; semanas después, Benedito Cordeiro de Carvalho, conocido como Didi Tembé, también fue asesinado a tiros, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
El informe registra casos de asesinatos de jóvenes y niños Indígenas llevados a cabo con extrema crueldad y brutalidad. En 2021, causaron conmoción los asesinatos de Raíssa Cabreira Guarani Kaiowá, de apenas 11 años, y de Daiane Griá Sales, del pueblo Kaingang, de 14 años. Ambas fueron violadas y asesinadas.
También se destaca en esta categoría la quema de Opy (Casas de Oración), espacios centrales para la espiritualidad de varias Comunidades. Se registraron cuatro casos en Mato Grosso do Sul, involucrando a los Pueblos Guaraní y Kaiowá, y uno en Rio Grande do Sul, con el Pueblo Mbya Guaraní.
Entre los casos de conflictos por derechos sobre la tierra, hay varios registros de superposición de Registro Ambiental Rural y certificación de propiedades privadas en Tierras Indígenas. En algunos casos, como en las TI Uru-Eu-Wau-Wau, en Rondônia, y Barra Velha, en Bahía, hubo un intento de vender “lotes” de tierra a través de las redes sociales.
Violencia por Omisión del Poder Público
Estos casos registrados en el tercer capítulo del informe también tuvieron un incremento en general y en casi todas las categorías con relación al 2020, con excepción de los casos de falta general de asistencia y mortalidad infantil.
Con base en la Ley de Acceso a la Información, el CIMI obtuvo de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) información parcial sobre las muertes de niños indígenas de 0 a 5 años. Los datos, que fueron recopilados por la secretaría en enero de 2022 y probablemente estén desactualizados, revelan 744 muertes en 2021.
Los estados con mayor número de fallecimientos en este grupo de edad fueron Amazonas (178), Roraima (149) y Mato Grosso (106). A pesar del probable retraso de los datos para 2021, el número de decesos infantiles solo fue mayor en la última década, en los años 2014 (785), 2019 (825) y 2020 (776).
También en este capítulo se registraron los siguientes datos: falta general de asistencia (34 casos); falta de asistencia en el área de educación escolar indígena (28); falta de asistencia en el área de la salud (107); difusión de alcohol y otras drogas (13); y muerte por falta de atención en salud (39), totalizando 221 casos. En 2020, los registros en estas categorías sumaron 177 casos.
“Gran parte de las omisiones y falta de asistencia están vinculadas al contexto de la pandemia, especialmente en relación con la falta de equipos de atención y salud y la falta de acceso a agua y saneamiento básico. Esta situación se vio agravada por las acciones de desinformación sobre las vacunas contra el Covid-19, que se dieron en varias regiones”, indica el escrito.
Pueblos Indígenas aislados
Según el informe, la situación de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario también ha alcanzado gravedad, “con la práctica adoptada por el gobierno de Bolsonaro de renovar las ordenanzas que restringen el acceso a áreas con presencia de estos Pueblos por períodos de sólo seis meses, o incluso no renovarlas, como en el caso del Territorio Indígena Jacareúba-Katawixi, que está sin protección desde diciembre de 2021”, menciona.
Las invasiones afectaron áreas donde hay Pueblos Indígenas aislados, poniendo en riesgo la existencia misma de estos grupos. Estas áreas concentran 53 del total de 117 registros de Pueblos en Aislamiento Voluntario que mantiene el Equipo de Apoyo a Pueblos Indígenas Libres del CIMI, que analiza este escenario en el cuarto capítulo del informe.
Artículos y memoria
El informe también presenta artículos especiales que analizan la situación de indígenas encarcelados en Brasil, la relación entre el racismo y la violencia contra los Pueblos, y la política indígena del gobierno federal desde la perspectiva de la ejecución presupuestaria. El capítulo final del informe, dedicado al tema “Memoria y Justicia”, propone una reflexión sobre los mecanismos de reparación y no repetición de las violaciones contra las Comunidades.
Esta publicación cuenta con un retrato de las diversas violencias y violaciones perpetradas contra los Pueblos Indígenas y sus derechos en todo el país, en un año marcado por omisiones, delitos contra los Derechos Indígenas y atentados a territorios y Comunidades. Lamentablemente una constante, no sólo en Brasil sino que tiene incremento en toda Latinoamérica.
Con CIMI.
BANDERAS AMERICANAS MANCHADAS DE SANGRE PREEXISTENTE
En el siglo XXI la información dejó de ser propiedad de los grandes y pequeños medios masivos de comunicación, por eso podemos enterarnos, pese a su silencio, que la vida de los indígenas, en muchos países, no tiene valor para los gobiernos de turno que responden a intereses económicos propios o foráneos, lo que no importa porque el dinero no tiene nacionalidad.
¿Qué país latinoamericano no debe su independencia a los pueblos preexistentes en su territorio? ¿O fueron los hijos de españoles, o de europeos nacidos en América, los soldados de sus ejércitos? Sin denostar su valor e importancia, generalmente fueron oficiales de distinta jerarquía.
La amnesia histórica, producto de la pluma de escritores como Mitre, para quedarme en mi país, ha hecho que algunos consideren que Patria, con mayúsculas, es esa tierra que se robó, porque siempre fue con violencia, a los Pueblos Indígenas y que los mismos han perdido todos sus derechos sobre ella.
La Masacre de Napalpí -Chaco, Argentina- de 1924 recién fue llevada a un Juicio por la Verdad, celebrado del 19 de abril al 19 de mayo de 2022, allí se estableció la responsabilidad del Estado argentino en la matanza perpetrada, claro que ya no queda ningún responsable vivo.
Lamentablemente, como se publicara en GAJOS N°44, la reparación no ahondó en lo que hoy tanto necesitan y reclaman las Comunidades, que es asegurar su espacio territorial, su espacio de vida. No se mencionó como medida reparatoria la restitución de los territorios indígenas despojados, tampoco se refirió al incumplimiento de la Ley 26160 -que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas- por parte de los gobiernos, siendo muchas Comunidades víctimas de constantes desalojos de sus propios territorios.
Estos desalojos en muchos casos son sangrientos y cuestan vidas indígenas, siempre desarmados frente al poder de fuego de las fuerzas policiales, de los terratenientes o del personal de seguridad privada, como sucedió el ultimo 24 de junio en Navirai (MS Brasil) cuando Indígenas Guaraní y Kaiowá recuperaron parte de su territorio ancestral y fueron brutalmente atacados, sorprendiéndolos a las 4 de la mañana, con el resultado de por lo menos un muerto, Vitor Fernández (42), mas heridos y desaparecidos.
Hay muchas Comunidades que se encuentran actualmente en lucha por la defensa de sus territorios, siendo despojadas y ninguneadas por el poder político y económico, como también por la discriminación, la invisibilización, la pérdida de la lengua y de aspectos culturales claves para su desarrollo.
Esas masacres silenciosas a veces no son llevadas a cabo por fuerzas armadas sino por empresas con anuencia estatal, como se ve en el informe del Dr. H. Keller, de absoluto rigor científico y despojado de toda parcialidad, respecto a la contaminación ambiental con que se rodea a la Comunidad Puente Quemado II (Garuhape, Mnes., Argentina), por parte de la multinacional Arauco. (Gajos 43)
Aunque todavía no se vislumbra un juicio -considerando su apoyo porteño no será fácil- por las Campañas al Desierto de Rosas y Roca, y la de Fotheringham en el Chaco, encontrarnos con un juicio desarrollado por la Masacre de Napalpí y con culpables claros es un precedente para evitar más abusos históricos contra los Pueblos preexistentes al Estado nacional y un paso para construir historias que contemplen la verdad y la justicia. (Gajos 44)
Es lamentable que los medios, grandes y pequeños, guarden silencio sobre esto, la complicidad es evidente y no solo en Brasil. ¿A quién le interesan un par de indios muertos? pregunta el Editor a sus periodistas y el Director a los productores de los informativos de tv. A nadie, porque no hay quien levante la voz y un pobre tipo, pretendiendo transformarse en héroe mediático por Tik Tok, llama a quemar las banderas mapuches en defensa de la patria. ¿Cuál patria? ¿la que creamos en 1816 con sangre indígena?, porque los soldados de los ejércitos libertadores vertieron sangre indígena -que no reconocemos- en los campos de batalla.
Brasil mata indígenas, Paraguay los pauperiza, Argentina los discrimina, Uruguay ni los nombra, Ecuador los reprime, Chile -204 años después de su independencia- empieza a considerarlos, en Perú, donde la población indígena es mayoritaria, la propia Defensoría del Pueblo resalta que los Pueblos Indígenas enfrentan problemas como la discriminación y exclusión, escasa posibilidad del ejercicio de derechos, la poca participación en la toma de decisiones, la falta de servicios básicos como la salud y educación.
Esa América Morena está tratando de limpiarse ese baldón indígena usando su sangre como limpiador.
Confío en que seremos capaces, por lo menos en las próximas generaciones, como sociedad, de entender que esta América es pluriétnica y multicultural y desde ahí reconstruirnos.
