Comunidad Comechingón enfrenta amenaza de desalojo judicial en Córdoba

La Justicia emitió una orden de desalojo a una familia indígena que vive en tierras que rodean al río Chavascate, entre las localidades de Candonga y El Manzano, en la región de Sierras Chicas. Esta orden judicial se da, según denuncia la Comunidad, a raíz del pedido del empresario Luis Ernesto Remonda, ex dueño del diario La Voz del Interior, al que apuntan por haber manifestado intereses inmobiliarios y mineros en la zona, que se encuentra en litigio desde hace años.

La familia López pertenece a la Comunidad Pluma Blanca y vive en el territorio desde hace décadas dedicándose a tareas del campo, con espacios de biodiversidad importantes, donde se encontraron objetos y restos óseos de alto valor cultural y arqueológico.

Se realiza una convocatoria a audiencia pública para el 21 de julio en Tribunales de Jesús María Foto: La Tinta para Prensa Comunitaria Córdoba.

“Carlos López, el nawan de la Comunidad, nació ahí y su padre ya vivía ahí, igual que sus abuelos, que provenían de la zona. Viven de los animales que tienen, carnean, venden leña y hacen changas para vivir”, explicó Nélida Herrador, de la Comunidad Indígena Chavascate, Villa Cerro Azul, que acompaña la resistencia de la familia.

Natalia Bilbao, abogada de la Comunidad Pluma Blanca, explicó que la Justicia no admitió la aplicación de la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas en el país.

“La Comunidad está tramitando su personería jurídica en el INAI y lo más seguro es que representantes de esa institución acompañen para dar cuenta de esta situación, de que la aplicación de la ley es inexcusable”, relató Bilbao a la prensa.

La continuidad del proceso judicial que consolida el ilegítimo desalojo de los miembros de la Comunidad, junto al ejercicio sistemático de múltiples violencias (amenazas, hostigamiento, acoso a mujeres, turbación de la posesión, robo y matanza de animales, etc.), se suma a la no aplicación de la Ley 26.160 por parte del Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la jurisdicción de Jesús María.

“Decimos no al desalojo, no al despojo, no más desarraigos violentos por parte de la provincia de Córdoba y sus cómplices empresarios. Exigimos el cumplimiento y la aplicación de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena”, expresan desde el movimiento Caminata de los Pueblos Indígenas de Córdoba.

Este jueves 21 de julio, desde las 10.30 horas, se llevará adelante una nueva audiencia pública en los Tribunales de Jesús María. Comunidades Indígenas y asambleas ambientalistas convocan a una concentración para exigir la suspensión del desalojo a la Comunidad.

“Consideramos fundamental esta instancia en la que diferentes actores sociales (miembros de la Comunidad, representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, académicos, científicos, antropólogos, historiadores, integrantes de otras Comunidades, representantes institucionales, etc.) podrán realizar aportes significativos con relación a la trascendencia del conflicto judicial que involucra a la Comunidad, procurando así la concientización de la gravedad institucional que significa no acatar la normativa vigente”, indican desde la Comunidad en un comunicado de convocatoria y agregan “por todo ello, y entendiendo que la resolución de esta controversia judicial tendrá repercusiones sociales de variada índole, llamamos al acompañamiento de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto”.

El obrar judicial llevado a cabo hasta el momento, desconoce y soslaya abiertamente la legislación vigente, en particular lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con jerarquía constitucional; el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas; la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Nº 61/265 y demás normativas sobre Derechos Humanos; leyes nacionales y provinciales, que garantizan los derechos a la identidad, a la autodeterminación, a la ocupación y titularidad de sus Territorios Ancestrales y el respeto por la diversidad cultural, sus conocimientos y su espiritualidad.

Nos encontramos así ante una nueva embestida del Poder Judicial, formando un capítulo más en la historia reiterada de avasallamientos territoriales que sufren las Comunidades en todo el país, donde intereses económicos confusos se interponen al cumplimiento de los derechos Indígenas. Para colmo, se los llama intrusos cuando los usurpadores claramente son otros.

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