Las Comunidades sufren situaciones de confinamiento, desplazamiento forzado y masacres
Desde el Pueblo Awá manifestaron, el 14 de julio, que se está cometiendo un exterminio contra su población ante el incremento de los asesinatos a cargo de grupos armados.
Representantes de dicho Pueblo Indígena denunciaron en una conferencia de prensa el ascenso de las agresiones contra líderes, autoridades y comuneros por bandas armadas vinculadas al narcotráfico.
De igual forma, fueron acusadas las instancias gubernamentales por la inacción ante los violentos sucesos. Los representantes de los Pueblos Indígenas consideraron que el Estado colombiano los ha dejado solos y lo calificaron de cómplice del exterminio sistemático.
Aseguran que las Comunidades no han notado los resultados del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y mencionaron haber acudido a los diferentes niveles institucionales para exigir su derecho a la vida.
Se han contabilizado alrededor de trecientos cincuenta hechos victimizantes contra el Pueblo Awá, de los cuales noventa y cinco corresponden a asesinatos de importantes activistas por los derechos indígenas.
A su vez, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) destacó que “las vulneraciones a los derechos fundamentales se profundizaron durante y posteriormente a la pandemia, hechos que se mantienen en total impunidad debido a la falta de avance en investigaciones por parte de las entidades competentes”.
La comitiva tiene previstas reuniones con organismos internacionales para hacer eficaz la medida de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la que también cuentan pero que tampoco se ha hecho efectiva.
El pasado 3 de julio ocurrió la última masacre registrada cuando el gobernador suplente del Resguardo Inda Sabaleta, Juan Orlando Moriano, fue asesinado junto a dos jóvenes de la guardia Indígena Awá.
La mayoría de las mafias presentes en la región, si bien no cuentan con una organización política como la guerrilla, forman estructuras militares dedicadas específicamente al narcotráfico, como el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico y Los Contadores. En el último año, sin embargo, también se ha registrado la presencia esporádica y algunos enfrentamientos entre estructuras asociadas a disidencias de las FARC de Gentil Duarte y estructuras de la Segunda Marquetalia.
La UNIPA reclama que pese a que periódicamente se hacen reuniones con entidades estatales, con las que se han firmado más de 620 compromisos, ninguno ha traspasado el papel. Ni siquiera en términos de cobertura de servicios básicos. La mayoría de sus resguardos están totalmente incomunicados.
Los homicidios y masacres son apenas la punta del iceberg en una Comunidad que vive en permanente confinamiento por los grupos armados que operan en la zona. Las Comunidades reclaman que sus resguardos y organización se conciban como “potencia de la vida” porque, al disminuir la violencia, podrían dedicarse a proteger la biodiversidad que los rodea.
Luego de tocar varias puertas con toda clase de organizaciones humanitarias, sociales y gubernamentales, la comitiva regresará a sus Comunidades en los próximos días. Vuelven con prevención y miedos, porque se sienten expuestos, pero buscan de todas las formas posibles hacer lo necesario para detener el exterminio. Eso incluye alzar la voz y denunciar estos atropellos, y que se haga efectivo, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que busca en sus objetivos proteger a quienes cuidan al ambiente y, en consecuencia, el Buen Vivir. “Hemos decidido no quedarnos en silencio. Si nos quedamos callados nos seguirán matando”, manifiestan a viva voz.
Con TeleSur.
