Se realizó la marcha y vigilia por la Amazonía
En el centro de la capital de Perú se reunieron Pueblos Indígenas llegados desde distintos puntos del país para instar al gobierno de Pedro Castillo a que garantice la seguridad de sus territorios, que se ven acosados por actividades como la minería y la explotación forestal. También abogaron por justicia luego del asesinato de defensores ambientales.
Esto sucede en un momento de fuerte resistencia de la mayoritaria población Indígena que, incluso, ha derivado en la toma de instalaciones mineras a modo de protesta.

2 de junio
Fue un histórico jueves, una jornada marcada por los reclamos de los representantes de las Comunidades Indígenas, las que convergieron en la capital con un mismo grito de protesta ante las problemáticas que aquejan a sus territorios.
Denuncian que empresas y estados regionales buscan derogar leyes proteccionistas para dar lugar a actividades como la deforestación y la minería.
Además, exigieron justicia para los defensores ambientales que han sido asesinados en sus Comunidades recientemente. El eje de las manifestaciones fue exigir al gobierno que mantenga la legislación que otorga derechos colectivos sobre sus territorios.
Tanto organizaciones criminales como compañías privadas han buscado amedrentar a las Comunidades reiteradamente, sobre todo a aquellas que están ubicadas en reservas naturales o zonas ricas en minerales.
“En esta oportunidad venimos a solicitar que el gobierno del presidente Castillo, por quien hemos votado, nos escuche”, expresó Teresita López, integrante de la Comunidad Yanesha y agregó que “los indígenas siempre han sido minimizados, invisibilizados”.
“También somos peruanos como todos, pero siempre nos han dejado de lado”, acusó.
Jorge Pérez, presidente de la Asociación Pluripersonal para el Desarrollo de la Selva Peruana -que representa a 1.800 Comunidades Indígenas-, dijo que la ley de Consulta Previa, que establece la necesidad del consentimiento de los Pueblos Originarios para la aprobación de legislación que afecten sus derechos colectivos, “está siendo amenazada por el Tribunal Constitucional”. “Pedimos defender a las Comunidades en aislamiento voluntario”, acentuó.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) también pidió que proteja a los Pueblos en Loreto, hostigados por las autoridades regionales que quieren derogar la legislación que los ampara. “Es solo para que puedan explotar los recursos naturales que estas Comunidades han protegido por más de mil años”, denunció Pérez.
A través de una carta, la AIDESEP y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) instaron a Castillo a pronunciarse públicamente a favor de la ley.
La administración de Loreto promueve el levantamiento de la norma para abrirle el paso a otras actividades y obras, algo que implicaría “el exterminio de colectivos humanos” y sería “una irresponsabilidad incalificable y flagrante violación de derechos que apunta al genocidio”, según AIDESEP y ORPIO.
Las organizaciones pidieron que el Ejecutivo nacional presione al Gobierno regional de Loreto para que declare la nulidad de las cuarenta y siete concesiones forestales que otorgó en los territorios de los Pueblos en situación de aislamiento.
Esta ley, promulgada en Perú en 2006, tiene como finalidad asegurar los derechos fundamentales de los Pueblos en aislamiento o de contacto inicial y dispone la soberanía de ellos sobre las reservas naturales de los Territorios.
Con France 24, EFE, Reuters y AP.