El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) expresa su profunda preocupación y enfático respaldo al Pueblo Indígena Okloya, en particular a la Comunidad Normenta Pacha, ante la reciente intimación de desalojo emitida por el Ministerio Público de la Acusación, a través de la cédula firmada por el ayudante fiscal regional Julio Bernardino Guerrero.
La Comunidad Indígena Normenta Pacha, Pueblo Ocloya, ubicada en el distrito La Candelaria del Departamento Ledesma, Jujuy, cuenta con Personería Jurídica N° 012 SDDHH y con el relevamiento territorial, acreditado por su respectiva carpeta técnica y resolución, realizado en el marco de la Ley Nacional N° 26.160. Esta normativa es clara en el reconocimiento de la posesión y ocupación tradicional, actual y pública de las tierras por parte de las Comunidades Indígenas. La mencionada ley, sancionada en 2006 y prorrogada en sucesivas ocasiones, prohíbe expresamente los desalojos de las tierras que ocupan tradicionalmente las Comunidades Indígenas hasta tanto se complete el relevamiento territorial dispuesto por la misma.
Además, recordamos que el Estado argentino ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, el cual establece el derecho de los Pueblos Indígenas a la propiedad y posesión de sus territorios, y la protección de sus derechos sobre los mismos. A su vez, la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, establece la obligación del Estado de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras.
Por lo tanto, exigimos la aplicación inmediata del “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las Comunidades Aborígenes” (Resolución 2261/2021 MPA), a fin de garantizar una solución justa y respetuosa con los derechos vigentes de la Comunidad Indígena Normenta Pacha y de todas las Comunidades Indígenas en situación similar.
ENDEPA se mantiene en alerta y acompañará todas las acciones necesarias para defender los derechos de los Pueblos Indígenas, instando a las autoridades a actuar conforme a las normativas nacionales e internacionales que protegen estos derechos fundamentales.
