JUJUY

La Comunidad Tilquiza denuncia violación de DDHH, constitucionales y de la Ley 26160

Esperan que la justicia tome urgentes medidas ante este nuevo hecho de despojo por parte del terrateniente Verzini. La Comunidad perteneciente al Pueblo Okloya, Personería Jurídica 07510 SDDHH, denuncia acto de despojo a través del impedimento de paso y del libre tránsito por un camino ancestral, reconocido por la Ley 26160, que le permite el ingreso a su territorio comunitario ubicado a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Con una tranquera con candado se les impide el ingreso a su territorio. Foto: Gentileza

Este nuevo hecho denunciado en la Seccional Tercera de policía del barrio Chijra, sucedió el 2 de septiembre, cuando el terrateniente Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto volvieron a colocar un candado en el único camino de acceso que tienen los integrantes de la Comunidad, siendo de esta manera afectados sus derechos constitucionales y territoriales, principalmente niños y ancianos con dificultades y problemas de salud. Así también se vieron limitados en cuanto al transporte de mercaderías y víveres indispensables para la subsistencia.

Un hecho similar se denunció en el mes de julio, pero el terrateniente Verzini hace, además, caso omiso de la medida cautelar de no innovar que le ordena dejar el paso libre. Sobre él pesan múltiples denuncias por amenazas permanentes con arma de fuego contra miembros de la Comunidad. “Este personaje violento cuenta con antecedentes desde el 2010, cuando amenazó de muerte con arma de fuego a la abogada Marcela Arjona y a la escribana Claudia Yurquina. En el año 2017 disparó contra el Cacique del Pueblo Okloya, donde se secuestraron armas, balas y se constató la existencia de un polígono de tiro”, explicaron desde la Comunidad.

Los miembros  de la  Comunidad Tilquiza han iniciado una demanda en la Cámara Civil y Comercial – Sala II – Vocalía 6, por reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena; cuentan con carpeta técnica con Resolución 6422012 que reconoce la posesión y ocupación actual, tradicional y pública, todo esto amparado por la Ley Nacional de Orden Público 26160, vigente por Decreto 8052021 que menciona, entre otros puntos, “declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes y suspender por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras…”

En función de la denuncia efectuada, la Comunidad espera avocación y rápido actuar de la justicia que garanticen los derechos adquiridos y reconocidos a favor de los Pueblos Indígenas a través de tratados internacionales. Reclaman el cese de los hechos que violan sus derechos constitucionales y provocan inseguridad jurídica en todos sus habitantes. Así también requieren, en el marco de la Interculturalidad, se de participación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy, como Organismos del Estado garantes de los derechos de los Pueblos Indígenas.

“Basta de atropellos y amenazas, creemos en la justicia y esperamos que actúe de acuerdo a las circunstancias, no queremos otro Javier Chocobar, hacemos responsables a Ariel Amaranto y Daniel Verzini  por cualquier daño físico y psicológico que afecte a los integrantes de la Comunidad Indígena Tilquiza”, advierten desde la Comunidad.

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