El pedido de aparición de Salustiano Giménez, desaparecido desde el 14 de febrero, lejos de ser recibido y atendido, tuvo como respuesta la represión y el ensañamiento estatal.
El desate irracional del aparato represivo por parte de la policía de la provincia de Chaco puso de rehén a la población indígena que pide justicia ante la complicidad explícita de las instituciones estatales que, además, la estigmatizan como violenta, siendo que las Comunidades son víctimas directas de la crueldad policial.
Expresamos nuestro máximo repudio a esta represión desmedida padecida por integrantes del Pueblo Wichí en Nueva Pompeya, actos violatorios de los derechos esenciales.
El avasallamiento a los Pueblos Indígenas, la negación de sus derechos y el avance sobre sus territorios -en el marco de una colonización que sigue oprimiendo- impiden su desarrollo y su justo deseo a vivir en armonía y en paz.
Hacemos un llamado al Estado a abandonar estas actitudes violentas, a que los gobiernos se involucren mediante un debate sano, cumpliendo y haciendo cumplir los derechos indígenas reconocidos en la legislación, en un marco de respeto por las normas jurídicas vigentes.
Bregamos por el encuentro de una solución urgente mediante medidas que propicien el diálogo sincero y la paz, porque la violencia genera más violencia.
Sólo así podremos avanzar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y donde todas las culturas puedan desarrollarse con tranquilidad y justicia.