El 24 de marzo se recuerda en nuestro país, tristemente, un aniversario del golpe cívico-militar del año 1976, donde el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y los 30.000 detenidos desaparecidos dejaron una huella que ha trascendido generaciones, haciendo del Nunca Más un compromiso nacional.
Ese 24 de marzo las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno derrocando a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Del mismo modo destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales y removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, erigiéndose en juez y parte.
La Junta Militar impuso la dictadura más sangrienta de la historia argentina: persiguió, torturó y asesinó a miles de hombres y mujeres; dictó normas por encima de la Constitución, disolvió los partidos políticos, prohibió la actividad sindical, anuló la libertad de expresión y devastó la economía nacional.
Habitualmente se excluye a los Pueblos Indígenas de las miradas reivindicatorias sobre la resistencia al terrorismo de Estado. Sin embargo, Comunidades Originarias de nuestro país cuentan desaparecidos y asesinados que, en muchos casos, militaban en organizaciones sociales, eran obreros en los ingenios o líderes que defendían sus territorios de los intereses de los grandes terratenientes.
Los Pueblos Indígenas también sufrieron este oscuro proceso y fueron víctimas de numerosas represiones, pero se los invisibilizó una vez más.
Al cercenamiento de los derechos humanos básicos, se sumó la afectación del derecho a sus bienes naturales que favoreció a las grandes mineras. Las detenciones, desapariciones y asesinatos de líderes Indígenas no se han registrado como tales.
Los sectores rurales en los cuales se enmarcaban las Comunidades Indígenas sufrieron, además, un vacío enorme en la información recopilada posterior al golpe.
Reflexionar sobre qué pasó con los Pueblos Originarios durante este período, considerando que el tema no ocupó un lugar preferencial en la agenda de la política reivindicatoria implementada por el estado nacional, es muy importante; no se puede aceptar que se los discrimine hasta en su muerte.
