Se trata de la empresa minerales Australes S. A., en Paraje Tanques, que está extrayendo agua de manera ilegal. Exigen el inmediato desalojo de la empresa y decidieron acampar en el lugar a la espera de una solución de parte de la fiscalía.
Integrantes de las Comunidades Coranzulí, Collamboy y la Comunidad San Juan de Quillaques, que viven en el departamento de Susques, Jujuy, luego de una asamblea llevada adelante el sábado 13 de marzo, exigen que se retiren del Paraje y detengan toda la actividad ilegal que venían desarrollando en el Territorio Comunitario, violando Derechos Indígenas, realizando trabajos sin ningún tipo de consulta ni consentimiento por parte de las Comunidades.
Mediante un comunicado, las Comunidades expresaron que la empresa “se instaló en el territorio de la familia Quispe, diciendo que poseen las autorizaciones, pero cuando la ayudante fiscal solicitó que muestren los papeles no lo hicieron, situación que llevó a la fiscal a establecer una orden de Fiscalía donde los intima para presentar la documentación”.
“Al llegar al lugar se encontraba presente Gabriel Cortés quién dijo que estaba a cargo de la Empresa Minera Minerales Australes S.A. y donde estaban trabajando junto a diez operarios. Cortés se acercó para hablar con los poseedores ancestrales del lugar y los hermanos solicitaron que se retiren inmediatamente desalojando el lugar y por supuesto paralizando todo trabajo desde ese mismo momento”, indicaron.
“Siendo aproximadamente las 11 hs del sábado y ante la situación de impotencia, se decidió que el Sr. Quispe reiterara la denuncia por usurpación, ya que la había realizado con anterioridad en la seccional de Tilcara con fecha 22 de febrero y solicitando que la policía se haga presente en el lugar del hecho. Tras realizar la denuncia, la ayudante fiscal hizo lugar a la solicitud, ordenando que la patrulla se hiciera presente en el sitio. Al presentarse la policía en el campamento minero, hace conocer la denuncia que pesa en su contra y la orden de fiscalía donde los intima a presentar la documentación pertinente a los representantes de la empresa”, detallaron en el escrito.
“Después de un intercambio de palabras entre las Comunidades, los empleados mineros y la policía, y ante la negativa de retirarse de allí, los operarios comunican el cese de toda actividad desde ese momento y el retiro del personal quedando solo tres como custodia”, expresaron. Es por esta razón que en asamblea aceptaron y decidieron acampar en el lugar a la espera de una solución de parte de la Fiscalía, solicitando el inmediato desalojo de la empresa minera, puesto que no existió un procedimiento legal para su instalación en el Territorio Comunitario.
No es la primera vez esto sucede. Las empresas cuentan con el aval del Estado – el Gobierno de Jujuy promueve el extractivismo en Territorio Indígena. La única respuesta que tuvieron hasta ahora es la intimación de la fuerza policial por realizar medidas de protesta para defender sus derechos y su territorio ancestral.
